Alertan que en zona Oeste no se garantiza de manera plena el derecho al aborto legal seguro y gratuito

El 24 de enero entró en vigencia en todo el país la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. La aplicación de la misma es obligatoria en todo el territorio nacional, pero a 10 meses de la puesta en funcionamiento, alertan que municipios como San Miguel e Ituzaingó, no garantizan el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, mientras que en otras comunas existen grandes limitaciones.

Por Ángela Tobar

Los motivos es que se destina poco presupuesto a la implementación de esta Ley y de esta manera también ofrecen una atención diezmada y de poco alcance para las mujeres y disidencias. No hay campañas de información sobre lugares amigables para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y sobre cómo es el proceso que debe atravesar el cuerpo gestante.

Desde la Red de profesionales de la salud, se viene alertando que en el territorio de la zona oeste se registran graves dificultades en el acceso a la IVE/ILE, entre ellas se pone en relieve la falta de recurso humano capacitado; falta de insumos; maltrato y violencia verbal, psicológica y física por parte de profesionales hacia las personas que solicitan una interrupción y dilaciones que obturan el acceso en tiempo y forma a la interrupción, generando muchas veces aumento del riesgo de las prácticas.

“La violencia la ejercen de múltiples formas hacia las personas que solicitan el acceso al IVE como la plantea la ley”, detalló Cecilia profesional de la salud e integrante de la red por el derecho a decidir en una entrevista realizada por el programa radial de Infotep que se emite los lunes de 20 a 21 por la Fribuay.

Con respecto al relevamiento que llevan adelante para visibilizar las prácticas abusivas, deshumanizadas que deben soportar las personas que deciden interrumpir un embarazo, detalló que “los relatos son múltiples y diversos, desde dilaciones en el tiempo, poner obstáculos pidiendo estudios que no son necesarios con el fin de que la persona desista de su decisión”.

Y ejemplificó que un testimonio revelado relató el calvario que atravesó ante la falta de atención responsable e integral, debió sufrir “dos veces el raspaje porque en el primero no aguanto el dolor por no tener anestesia lo que provocó que le quedaran restos”, esta violenta experiencia ocurrió en el Hospital de Morón, donde hay otras dos denuncias por la misma situación.

“La importante es que se pueda aplicar las sanciones que correspondan a las personas que ejercen violencia directa sobre el cuerpo de las personas que deciden abortar, hemos relevado tres situaciones de prácticas de legrado sin anestesia en el hospital de Morón, sabemos que es un modus operandi propio de todos los hospitales como modo de atemorizar y disciplinar los cuerpos de las personas que deciden abortar, es gravísimo y se debe tomar las sanciones para remover a las personas que reproducen estas prácticas”, sostuvo Cecilia.

Falta de decisión política

En la gran mayoría de los municipios de zona oeste, el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito y la atención postaborto no esta garantizada de manera plena, principalmente por falta de decisión política de las intendencias, porque abortar en condiciones seguras y dignas también es un hecho político.

Algunos motivos tienen que ver con el poco presupuesto que se destina a la formación y capacitación de consejerías y otros a que no se les da la importancia que exige el momento histórico. “Si bien hay capacitaciones virtuales desde el Ministerio la realidad es que hay una falta de decisión política de la aplicación efectiva de este derecho en varios territorios del conurbano bonaerense”, marcó.

En La Matanza hay solo cinco equipos en un territorio que se conoce como la quinta provincia, por la extensión territorial y densidad poblacional, de esta manera las personas que quieren acceder a ese derecho deben acudir a otros municipios o ir a Capital Federal.

Los mismo pasa en el territorio de Merlo que hay sólo un equipo. En Moreno se cuenta con cinco equipos de atención.

La gravedad de la ausencia se centra en el Municipio de Ituzaingó, porque hasta el momento no cuenta con espacios que permitan acercar ese derecho a las mujeres y disidencias, según opinó la profesional de la salud “ tiene que ver con una decisión política en Ituzaingó, había un equipo en el hospital que se estaba capacitando y se desintegró, pero no es aún una decisión política de ese municipio garantizar el acceso en el marco del sistema de salud propio, es una situación grave”

Otro de los Municipios que vienen denunciando desde la Red por obstaculizar el acceso a la salud, es el de San Miguel donde el municipio y la secretaria de salud se declaró anti derechos y en vez de promover consejerías para acceder al aborto, legal, seguro por el contrario promueve consejerías donde promete acompañar con recursos falsos el proceso de gestación de los embarazos”, forzando a un cambio de decisión.

Qué falta

“Faltan insumos, trabajadores sociales, psicóloges, porque el acompañamiento es integral, interdisciplinario, las personas llegan con una decisión muy clara, pero en un contexto muy adverso, transitando situaciones de violencia o abuso sexual que hace que la consulta por la IVE sea más compleja”, desarrolló.

Falta que muchos municipios, por medio de sus secretarias de Salud tengan la decisión política de hacer cumplir la Ley, destinen presupuestos para adecuar absolutamente todas las salas de salud con una mirada de género y cumplimiento del derecho fundamental de decidir qué es lo que pasa en los cuerpos.

Lograr este punto es la clave debido a que la gran mayoría de las interrupciones deberían poder resolverse de manera ambulatoria con medicamento, dentro del nivel de atención primaria de la salud que son las salitas de salud de cercanía.
El otro punto importante es destinar recursos económicos, ya que los municipios deberían tener asignado un presupuesto para comprar mysoprostol o ecógrafos.

Y avanzar en la combinación de la Mifepristona y el misoprostol que aumenta al 98% la eficacia en la interrupción de embarazos en el primer trimestre, reduce dolores y acelera el proceso, es avalado y recomendado por la OMS desde el año 2005.

 

Objeción sí, pero no obstaculización

La ley ampara al profesional que elige no acompañar la decisión de las personas que quieren acceder al aborto, pero se aclara que de ninguna manera puede obstaculizarlo, si no que tiene que derivar de buena fe a otro profesional y no se puede negar a hacer anticoncepción post-aborto.

 

 

 

 

 

 

 

 

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