viernes 19 de julio de 2019 - Edición Nº1033
Info Tep » Opinión » 9 ene 2019

NIÑEZ VIOLENTA (DA)

Nuevamente buscan bajar la edad de imputabilidad en vez de pensar políticas públicas

Las estadísticas del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, marcan que las causas penales iniciadas sólo el 3,6% de los hechos son atribuidos a personas menores de edad, cifra residual dentro del espectro de delitos, entonces ¿por qué el gobierno y su electorado creen que ese es el problema del que surgen los problemas de la inseguridad?.


Por:
Ángela Tobar

La era Bolsonaro que promete mano dura en Brasil, envalentonó a un gobierno argentino que lejos de comprender las necesidades del pueblo, alienta al sector más rancio de la sociedad a usar nafta para apagar un incendio.

Los niños y adolescentes en este país tienen una dura realidad, Unicef hace solo un mes dio a conocer un cruel dato de la realidad, “la mitad de los niños y adolescentes en la Argentina son pobres”.

Pobreza, quiere decir que tienen sus necesidades básicas insatisfechas y la totalidad de sus derechos humanos violentados. ¿Qué desarrollo sano puede existir si se nace en la exclusión? ¿Qué sociedad puede juzgar a un niño cuando ella misma le quitó todas las herramientas para su desarrolló y lo convirtió en un ser invisible?.

Según los derechos del niño, niña y adolescente estos deben dividir su tiempo en jugar, socializar, estudiar, comer y dormir, entre otros, pero en la Argentina de estos tiempos, en los que la falta de trabajo, el aumento de servicios públicos y alimentos, en los que las políticas aplicadas desde el gobierno presionan y violentan a los más vulnerables, parte de la sociedad  apunta a que todo se resolverá si a nuestros niños, futuro del país, se los encarcela a más temprana edad.

La canasta básica alimentaria, el aumento del transporte, los tarifazos, la suba del desempleo, la flexibilización laboral, la eliminación de subsidios y de asignaciones y pensiones, el techo en las paritarias y el aumento en alquileres,  son los problemas reales que deberían ser tratados con seriedad y responsabilidad por el gobierno, en la agenda de los medios y en la cabeza de la sociedad.

Otro de los temas a debatir y resolver es la corrupción de las fuerzas de seguridad que corrompen a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y los interceptan para meterlos en el círculo delictivo que ellos crean.

El caso de Luciano Arruga y la denuncia que en el 2009 realizó la familia del adolescente desaparecido, secuestrado y torturado por la Policía Bonaerense que trabajaba en el destacamento de Lomas de Mirador de La Matanza, ratificada por el entonces ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, al detallar el modus operandi de las fuerzas de seguridad para “reclutar a jóvenes pobre que roben para ellos”.

Por otro lado, un informe del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires marca que de las causas penales iniciadas sólo el 3,6% de los hechos son atribuidos a personas menores de edad, cifra residual dentro del espectro de delitos.

Y dentro de ese 3,6% sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos ()

En el mismo, se detalla que de los 221 acusados por homicidio en la capital porteña en 2017, tan solo siete fueron menores de 18, lo que representa el 3,17%.

En la Provincia de Buenos Aires los últimos datos de la Procuración General de la Suprema Corte Bonaerense, indican que en 2017, el 3,3% de los delitos que se cometieron fueron autoría de menores de edad.

Como sociedad responsable tenemos que comprender que ningún pibe nace chorro, aceptar que en los barrios pobres no se necesita más presencia policial, por el contrario se requiere con toda urgencia la implementación de políticas sociales, culturales, alimentarias para que los pibes no tengan como única opción la esquina, para que no estén a merced de adultos corruptos, si no que tengan como opción hacer un taller de arte, un curso de guitarra, hacer un deporte.

La niñez no es violenta, está siendo violentada por un sistema de exclusión, en el que las escuelas están cerradas por falta de inversión estatal, en el que los programas para la niñez y adolescencia están siendo vaciados.

Las estadísticas marcan que no existe un solo argumento sólido que sostenga bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, y la realidad pide urgente compromiso político y social para contener a la niñez.

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