martes 23 de abril de 2019 - Edición Nº946
Info Tep » Nación » 17 mar 2019

JUDICIALES

El Gobierno impulsa el juicio político del juez Ramos Padilla

Tras la presentación del magistrado en el Congreso, el Ministerio de Justicia resolvió emprender un jury de enjuiciamiento contra el magistrado, al que atribuye una “pérdida total de ecuanimidad”.


A las 48 horas de su presentación en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja y con la ausencia de todo el arco de Cambiemos y Peronismo Federal, se dio a conocer que el Gobierno de Mauricio Macri decidió impulsar el juicio político contra el juez federal Alejo Ramos Padilla.

En el jury de enjuiciamiento, se le adjudican una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.

El jury de enjuiciamiento fue elevado por el ministro Germán Garavano al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, y allí se argumenta que el magistrado expuso detalles de un expediente en trámite, “en una clara infracción al deber de reserva que debe garantizar en su carácter de director del proceso”.

Remitiéndose al artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación, el ministro de Justicia recuerda que el sumario debe ser público para las partes involucradas y sus defensores, pero “será siempre secreto para los extraños.

Observa Garavano que el juez federal envió documentación a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, por entender que las características de los presuntos hechos investigados tenían íntima vinculación con la labor de la misma. Sin embargo, luego se presentó ante otra comisión, la de Libertad de Expresión, presidida por Leopoldo Moreau, cuyas competencias “nada tienen que ver con la materia”, destacó el ministro, para quien “resulta llamativa esta conducta pues era esperable que explicara estas cuestiones en el ámbito correspondiente”. Así las cosas, advirtió sobre una “clara intencionalidad que parece guiar al magistrado”.

Todo ello lleva a la denuncia por interpretar “una clara afectación del deber de imparcialidad que le impone la Constitución nacional”.

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