El oficialismo decidió acelerar al máximo el tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado. La bancada de La Libertad Avanza convocó a una reunión de comisiones para este viernes a las 10 con el objetivo de emitir dictamen y dejar el proyecto listo para su sanción definitiva.
La jefa del bloque, Patricia Bullrich, junto al titular de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, impulsó la firma del despacho incorporando el cambio realizado en Diputados respecto de las licencias por enfermedad y accidentes. Sin embargo, desde sectores sindicales advierten que la modificación no altera el núcleo de la iniciativa, que consideran profundamente regresiva.
La intención del oficialismo es aprobar tanto la reforma laboral como el Régimen Penal Juvenil el viernes 27, apenas dos días antes de que el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias el 1° de marzo. La estrategia parlamentaria apunta a mostrar resultados legislativos concretos como respaldo político al programa de gobierno.
Cambios estructurales y fuerte rechazo sindical
El proyecto introduce transformaciones profundas en el sistema laboral argentino. Entre los puntos más cuestionados se encuentran:
La modificación del sistema de convenios colectivos, habilitando acuerdos por empresa que podrían debilitar la negociación por rama de actividad.
Cambios en la Ley de Asociaciones Sindicales que, según especialistas, restringen la capacidad de organización y representación gremial.
Limitaciones al derecho de huelga en servicios públicos, lo que sindicatos interpretan como una restricción directa a una herramienta histórica de defensa laboral.
La creación de un Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, mecanismo que para la oposición “institucionaliza” la rotación de personal y abarata el costo de cesantías.
Reducción de indemnizaciones y establecimiento de un “banco de horas” que permitiría compensar horas extras sin el pago adicional correspondiente.
Para amplios sectores del movimiento obrero, el conjunto de estas medidas configura una transferencia de poder desde los trabajadores hacia las empresas, bajo el argumento de fomentar el empleo formal. La crítica central apunta a que la precarización no resolverá la informalidad estructural ni la caída del poder adquisitivo, sino que consolidará condiciones más frágiles para quienes ya enfrentan salarios deteriorados.
Votación ajustada y escenario abierto
En la votación general, el Senado aprobó el proyecto por 42 votos a 30, con respaldo del oficialismo y bloques dialoguistas. Aun así, el clima político permanece tenso y no se descartan nuevas movilizaciones si el texto obtiene sanción definitiva.
Para las centrales sindicales, lo que está en juego no es una reforma técnica sino un cambio de paradigma: menos estabilidad, menor protección frente al despido y límites a la acción colectiva. La aceleración del trámite legislativo, denuncian, busca reducir el margen de debate público sobre una norma que podría redefinir las reglas del trabajo en la Argentina durante las próximas décadas.
