El Bloque Nacional de Seguridad Privada de la República Argentina informó que se declara en estado de alerta y movilización por un conflicto gremial con las empresas de seguridad que operan en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó. El conflicto nace a raíz que la empresa que hasta el 30 de septiembre tiene la concesión de la seguridad, Federal Service, finaliza su contrato y no hay garantías de la continuidad laboral de 40 trabajadores contratados.
“Esta empresa fue causante de innumerables reclamos de los trabajadores debido a salarios, horas extras y aguinaldos impagos o fuera de término, incumplimientos en los incrementos paritarios, falta de aportes previsionales y acuerdos preventivos de crisis que hipotecaron las futuras jubilaciones de los trabajadores. Por consiguiente, la empresa que ingresa al hospital, Murata, se niega absorber a los trabajadores que deja Federal Service”, denunciaron por medio de un comunicado.
Ante esta situación, los empleados de seguridad se encuentran amparados en el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20744 LCT) que estipula que “En caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquéllas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo, en tales casos, continuará con el sucesor o adquirente, y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven.”
“Debido a que las empresas de seguridad insisten en no respetar la ley dejando en situación de indefensión a sus empleados, quien deberá responder ante las faltas de estas será el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó y el mismo Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de acuerdo al principio de responsabilidad solidaria mencionado en los artículos 29 y 30 de la LCT”, se afirmó.
“Los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social.” Reza la Ley.
A pesar de este amparo legal, los dirigentes del Bloque Nacional, Christian López y Leónidas Requelme, alertan que desde “el Hospital de Ituzaingó se niegan al diálogo, en vista de esta situación, tanto el hospital como el PAMI, no acepta el diálogo con los representantes gremiales de los vigiladores y de no mediar solución en los próximos días, no nos dejaran más alternativa que anunciar inminentes y sorpresivas medidas de fuerza que afectarán el normal funcionamiento del hospital de Ituzaingó”.
Y se adelantó un pedido de “disculpas a la comunidad por los futuros conflictos que afectarán el servicio del hospital” y se sostiene “es el pan y el sustento de 40 familias que esta en riesgo, algo que bajo ningún concepto dejaremos pasar por alto“.
Del conflicto también se hicieron eco los gremios conglomerados en las 62 Organizaciones Peronistas de Ituzaingó quienes expresaron su solidaridad y apoyo: “Desde este espacio que representa el músculo sindical del justicialismo en el distrito de Ituzaingó, nos solidarizamos expresando nuestro apoyo a los vigiladores del hospital y con el Bloque Nacional de Seguridad Privada quién está llevando adelante la representación gremial y la defensa de los derechos de sus trabajadores.”
