Preocupación por la reforma de la Policía Federal “promueve un control mayor de la sociedad”
El gobierno nacional presentó la reforma de la ley orgánica de la Policía Federal Argentina por decreto, nuevamente evitó el debate en el Congreso. De esta manera, se aprueba que agentes de la policía puedan realizar tareas de ciber-patrullaje, espionaje y detención de ciudadanos ante la presunción de que pudiera cometer un delito. Todo sin la necesidad de una orden judicial
. Desde algunos sectores políticos, sociales y de derechos humanos, alertan que “la falta de claridad sobre algunos de los cambios normativos permite la criminalización de organizaciones, la represión de protestas y el patrullaje en redes sociales”.
En este contexto, desde Todo es Política se consultó al especialista Martin Domínguez, director del Derecho penal y consejero Suplente del Colegio de Abogados de La Matanza, para analizar esta nueva reforma de la PFA que presentó el gobierno, por medio del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y que intenta emular a la fuerza del FBI.
Y analizó que no están dadas las condiciones para llegar a trabajar de la manera que lo hace el FBI, tal como se aseguró desde el gobierno nacional: “porque falta experiencia y no están las plataformas de control para poner límites”.
Consultado acerca de la situación de que esta reforma haya sido impuesta por Decreto y no haya pasado por el Congreso, especificó: “la preocupación es que se altera el orden jurídico, en el sentido jerárquico, porque las normas tienen su orden, marcan la libertad de los argentinos, y establecemos un marco de libertad en que nos podemos mover y es a partir de ahí que se establecen mecanismos de control”.
Agregó: “Mediante un Decreto, que es una norma vinculada a la autoridad del Presidente, se alteran los mecanismos constitucionales, y hace que el control de las libertades se caiga y le da lugar a una suerte de discrecionalidad”.
Y ejemplificó, que con esta reforma “se da un cheque en blanco para que mañana a uno lo detengan en la calle y no le expliquen por qué, y se da paso a que pasado mañana entren a tu casa y después se llevan tu auto”.
“No podemos conceder un poder sin control, y nosotros ya pasamos en este país por épocas oscuras donde no se justificaban ese tipo de medidas”, revisó.
Por lo que argumentó: “que te detengan por 10 horas o te revisen la cartera no hace a la seguridad, si no que hace al control y las dos cosas a veces no van de la mano, por eso, claro que genera preocupación porque le estoy dando el control de mi vida a alguien que no conozco”.
“Está bien que el gobierno determine las políticas de seguridad, pero no por eso deben solapadamente empezar a manejar otros intereses que claramente alteran el orden jurídico”, agregó.
El abogado marcó que esta medida decidida por el gobierno, en un contexto histórico social y político de protestas y movilizaciones ciudadanas, “claramente tiene fines opresivos”
“Sin embargo, se genera una confusión entre lo que se pretende hacer y el discurso que se le da para justificar determinadas prácticas, en la cual se promueve un control mayor de la sociedad y se lo presenta con un discurso a favor de la prevención”, por lo que señaló que la finalidad narrativa es “infundir miedo para generar otras políticas”, para lograr mayor control.
