El Gobierno nacional profundiza su ofensiva contra los trabajadores del sector público y anunció el inicio de acciones para desaforar y despedir a 10 delegados sindicales del Hospital Garrahan, en lo que sindicatos y organizaciones laborales denuncian como un nuevo episodio de persecución gremial y criminalización de la protesta.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó que las autoridades del hospital impulsaron el pedido de desafuero para avanzar con los despidos, en represalia por una protesta llevada adelante en octubre del año pasado en el marco de un conflicto laboral y salarial.
Protestar, bajo amenaza
Según la versión oficial, los hechos ocurrieron cuando trabajadores y representantes gremiales ocuparon oficinas del hospital para visibilizar sus reclamos. Desde el Gobierno calificaron la medida como una “toma ilegal”, mientras que los trabajadores sostienen que se trató de una acción sindical ante la falta total de respuestas frente al deterioro salarial y las condiciones laborales.
Con un discurso de tono punitivo, Adorni justificó la decisión bajo la consigna “el que las hace, las paga”, dejando en claro que la política oficial frente a los reclamos laborales no es el diálogo, sino el castigo.
Avance contra la tutela sindical
Además del intento de desafuero de los 10 delegados, el Ejecutivo confirmó que otras 29 personas serán sancionadas por su participación en la protesta. Para el movimiento sindical, se trata de un grave antecedente que apunta a debilitar la tutela sindical y disciplinar a quienes encabezan reclamos colectivos.
La tutela gremial es una garantía constitucional destinada a proteger a los representantes de los trabajadores frente a represalias patronales. Su utilización como herramienta de castigo en el marco de un conflicto laboral enciende alarmas sobre el respeto a la libertad sindical y a los convenios internacionales de la OIT.
El ajuste también pasa por la salud
El conflicto en el Garrahan se inscribe en un contexto de fuerte ajuste sobre la salud pública: salarios licuados por la inflación, planteles sobrecargados, falta de insumos y recortes presupuestarios. En lugar de dar respuestas estructurales, el Gobierno opta por avanzar contra los trabajadores que se organizan y reclaman.
Desde los gremios advierten que el objetivo no es resolver el conflicto, sino enviar un mensaje disciplinador al conjunto de los trabajadores del Estado: reclamar tiene consecuencias.
Rechazo y alerta sindical
Organizaciones sindicales y de derechos laborales anticiparon su repudio a la medida y no descartan acciones legales y movilizaciones en defensa de los delegados del Garrahan. Señalan que lo que está en juego no es solo la situación de 10 trabajadores, sino el derecho de todos a organizarse y defender condiciones laborales dignas sin miedo a represalias.
