Un informe difundido en las últimas horas advierte que las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Anses deberían ser al menos un 21% más altas si el Gobierno nacional hubiera aplicado la actualización de la canasta de inflación vigente y no una metodología desactualizada.
El análisis apunta directamente a la decisión del Ministerio de Economía de mantener una canasta de consumo de 2004, pese a que estaba prevista la implementación de una nueva medición desde este año. Esa postergación provocó que los aumentos otorgados quedaran muy por debajo del costo de vida real, profundizando la pérdida del poder adquisitivo de millones de beneficiarios.
Según el informe, desde la puesta en marcha de la nueva fórmula de movilidad impulsada por el presidente Javier Milei, los haberes mínimos aumentaron un 99% entre abril de 2024 y diciembre de 2025. Sin embargo, si la inflación se hubiera calculado con una canasta actualizada, los ingresos previsionales deberían haber crecido un 140% en el mismo período.
La diferencia del 21% no es solo estadística: representa una pérdida directa en el bolsillo de los jubilados. De manera acumulada, cada beneficiario de la jubilación mínima dejó de percibir más de $1.032.000 únicamente por el desfase del índice inflacionario. A eso se suma el congelamiento del bono de $70.000, sin actualizaciones desde marzo de 2024, lo que eleva la pérdida total a más de $2.401.000 por jubilado en el período analizado.
El informe también expone el desajuste entre ingresos y costo de vida real. De acuerdo con estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, en octubre de 2025 la canasta básica para una persona mayor alcanzó los $1.514.074, mientras que la jubilación mínima más el bono apenas llegó a $396.298, una suma que cubre solo ocho días del mes.
Las críticas se dirigen especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien se le cuestiona que postergue la actualización de los índices oficiales bajo el argumento de esperar a que se consolide la desinflación, mientras que los sueldos de los funcionarios del Gabinete se duplicaron, alcanzando cifras cercanas a los $5 millones mensuales.
