Mientras millones de usuarios hacen malabares para llegar a fin de mes, el Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa un nuevo aumento del transporte público, una medida que impactará de lleno en el bolsillo de trabajadores, estudiantes y jubilados que dependen a diario del colectivo para movilizarse.
La Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía, presentó formalmente una propuesta de actualización de los cuadros tarifarios del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, que contempla un incremento escalonado del boleto mínimo en el Área Metropolitana.
Como paso previo, se habilitó la denominada Instancia de Participación Ciudadana, un mecanismo que, si bien apunta a garantizar transparencia institucional, cuenta con un plazo exiguo de apenas tres días hábiles para que los usuarios expresen su opinión. El trámite es gratuito y se realiza de manera online a través del portal oficial del Estado.
De confirmarse los nuevos cuadros tarifarios tras la consulta pública, el impacto será inmediato:
Desde el 17 de febrero, el boleto mínimo pasará a costar $650.
Desde el 16 de marzo, el valor ascenderá a $700.
El Gobierno justifica el aumento en la necesidad de “equiparar costos” con los servicios que operan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, para los usuarios, el dato concreto es otro: otro ajuste más en una cadena de subas que no se detiene, mientras los salarios siguen corriendo muy por detrás de la inflación.
Desde la administración nacional remarcan que los valores seguirán siendo más bajos que los vigentes en la provincia de Buenos Aires, un argumento que lejos de aliviar, confirma la decisión política de trasladar el ajuste al usuario, en lugar de revisar el esquema general de subsidios o los costos del sistema.
En ese marco, se anunció la continuidad de los subsidios focalizados, entre ellos:
Tarifa Social, con un descuento del 55% para jubilados, pensionados, trabajadores de casas particulares y beneficiarios de la AUH, entre otros.
Sistema Red SUBE, que mantendrá los descuentos por combinación de transporte en el AMBA.
No obstante, para amplios sectores de la clase media que no acceden a estos beneficios, el aumento se sentirá de lleno en el gasto mensual destinado al transporte, uno de los rubros que más se incrementó en el último año.
La medida alcanza a 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que recorren más de una jurisdicción y son clave para la movilidad diaria de millones de personas. Entre ellas se encuentran líneas históricas y de alto caudal de pasajeros como la 60, 28, 57, 88, 96, 152, 166, 176 y 194, entre muchas otras.
Mientras el Gobierno insiste en el discurso del orden fiscal, los usuarios vuelven a quedar en el centro del ajuste. La consulta pública ya está en marcha, pero el margen de maniobra es reducido y la decisión parece encaminada, en un contexto donde cada aumento del boleto es un nuevo golpe directo al bolsillo popular.
