El oficialismo, junto al PRO, la UCR y otros bloques aliados, avanzó en Diputados con el dictamen de mayoría para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La decisión reabre un debate profundo sobre el lugar que el Estado argentino decide asignarles a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley: sujetos de derechos o destinatarios prioritarios del castigo.
La reforma se impulsa en un contexto de fuerte deterioro social, con aumento de la pobreza infantil y recortes en programas de asistencia, inclusión y acompañamiento comunitario. Para amplios sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, el Gobierno elige responder a la exclusión con más poder punitivo en lugar de fortalecer políticas de prevención, educación, salud mental, deporte y contención territorial.
La Convención sobre los Derechos del Niño —con jerarquía constitucional en Argentina— establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso y por el período más breve posible. Sin embargo, la baja de la edad de imputabilidad envía un mensaje político claro: ante la falta de oportunidades, la respuesta estatal será la judicialización temprana.
Aunque el proyecto contempla sanciones alternativas y excluye la prisión perpetua, el eje simbólico y normativo es el adelantamiento de la intervención penal. La ampliación del alcance del sistema penal hacia adolescentes de 14 años implica incorporar a chicos y chicas en pleno desarrollo a una lógica institucional históricamente cuestionada por sus efectos estigmatizantes y reproductores de desigualdad.
Desde los bloques opositores que rechazaron el dictamen advirtieron que no existe evidencia concluyente de que endurecer el régimen penal juvenil reduzca el delito. También señalaron que la participación de adolescentes en delitos graves es estadísticamente menor en comparación con la criminalidad adulta, lo que pone en cuestión la centralidad política que el oficialismo le asigna al tema.
Las críticas apuntan además a la contradicción estructural: mientras se destinan recursos adicionales al sistema penal, se desfinancian o debilitan políticas sociales orientadas a la infancia y adolescencia. En lugar de reforzar equipos interdisciplinarios, programas de acompañamiento familiar, dispositivos de prevención en barrios populares y estrategias de inclusión escolar y laboral, el foco se desplaza hacia el castigo.
La discusión parlamentaria estuvo atravesada por acusaciones cruzadas y una fuerte confrontación ideológica. Pero más allá de los cruces, el debate deja una pregunta de fondo: ¿qué modelo de niñez está construyendo el Estado? Para los sectores críticos, bajar la edad de imputabilidad en un escenario de pobreza estructural implica trasladar a los adolescentes la responsabilidad por fallas sistémicas que son, en realidad, producto de desigualdades persistentes y decisiones políticas.
La advertencia que surgió desde la oposición fue contundente: quienes terminarán mayoritariamente bajo el nuevo régimen no serán los hijos de los sectores privilegiados, sino los jóvenes de barrios populares, atravesados por trayectorias de exclusión. En ese marco, la reforma no aparece como una herramienta de protección social, sino como un refuerzo del control penal sobre los sectores más vulnerables.
El debate no es únicamente jurídico. Es ético y político. Se trata de decidir si la respuesta frente a la conflictividad juvenil será ampliar derechos y oportunidades o ampliar la capacidad de sanción del Estado sobre adolescentes que aún deberían estar bajo un sistema integral de protección.
