En paralelo al discurso oficial de reducción del gasto y eliminación de alquileres estatales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanzó con el alquiler de cuatro pisos y 24 cocheras en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en pleno microcentro porteño, por un total de $720 millones durante 12 meses.
El contrato, firmado el 30 de noviembre de 2025 por el ministro Federico Sturzenegger, fija un canon mensual de $60 millones —$15 millones por piso— lo que, según el propio valor de referencia del expediente, equivale a unos USD 40.000 por mes y aproximadamente USD 480.000 por todo el período anual.
Contratación directa y única oferta
La operación se tramitó como contratación directa por adjudicación simple. Según la documentación oficial, se presentó una sola oferta, correspondiente a OTOBA S.A., que fue considerada “admisible y económicamente conveniente”. No hubo competencia de precios.
El canon fue determinado por el Tribunal de Tasación de la Nación, que trabajó sobre una superficie estimada de 1.000 m² por piso e incluyó seis cocheras por planta.
Sin embargo, el monto publicado no refleja el costo total final: el pliego establece que las expensas ordinarias no están incluidas en la oferta y que deberán ser afrontadas por el Estado, junto con electricidad, gas y otros servicios. En la práctica, el gasto mensual podría superar ampliamente los $60 millones anunciados.
La tensión con el “Alquiler Cero”
El expediente menciona una nota de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) vinculada al programa “Alquiler Cero”, que busca evitar nuevas erogaciones locativas y priorizar el uso de inmuebles estatales.
El contraste es evidente: mientras distintas áreas del Gobierno exhiben el plan como símbolo de austeridad —incluida la Secretaría de Trabajo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello— el Ministerio de Desregulación formaliza un alquiler millonario en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión abre interrogantes sobre la coherencia interna del ajuste. Si el objetivo es reducir alquileres y relocalizar dependencias en edificios propios, la firma de un contrato de estas características parece ir en dirección contraria.
Un contexto de polémicas acumuladas
El ruido político se amplifica por el momento que atraviesa Sturzenegger. En los últimos días quedó bajo cuestionamiento por la adjudicación de un contrato de Cancillería para capacitación en inglés a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad conducida por su esposa.
A esto se sumó el debate en torno al artículo 44 de la reforma laboral, que habilita la reducción salarial en determinadas licencias médicas y generó fuertes críticas dentro y fuera del oficialismo.
En ese marco, el alquiler en Diagonal Norte no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una secuencia que tensiona el relato de austeridad. Mientras el Gobierno sostiene la bandera del recorte y la eficiencia, algunas decisiones administrativas parecen desmentir, al menos en parte, ese discurso.
