La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei con 135 votos a favor y 115 en contra, en una sesión atravesada por gritos, acusaciones de irregularidades y una fuerte protesta social en las calles. Para amplios sectores sindicales y de la oposición, lo aprobado no representa una “modernización”, sino un retroceso directo sobre derechos conquistados durante décadas de luchas obreras.
Una votación bajo tensión y sospechas
El tratamiento estuvo marcado por escenas de alto voltaje político. La decisión del presidente de la Cámara, Martín Menem, de votar a mano alzada el plan de labor generó un inmediato repudio opositor, que denunció maniobras para acelerar el debate y limitar cuestionamientos.
El quórum fue posible gracias al respaldo de bloques aliados y legisladores provinciales, lo que desató acusaciones de acuerdos políticos para garantizar el avance del proyecto pese al rechazo sindical. Afuera del Congreso, centrales obreras y organizaciones sociales se movilizaron y realizaron un paro general, alertando que la reforma implica un cambio estructural en detrimento de los trabajadores.
Flexibilización encubierta
El oficialismo sostiene que la reforma apunta a reducir la informalidad laboral. Sin embargo, los críticos señalan que el diagnóstico omite variables centrales de la economía —como la especulación financiera, la caída del consumo y la falta de inversión productiva— y coloca el foco casi exclusivamente en los “costos laborales”, es decir, en los derechos y salarios de quienes trabajan.
Uno de los ejes más cuestionados es la promoción de convenios colectivos por empresa, en reemplazo de la negociación por actividad. Para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, este esquema fragmenta la representación colectiva y debilita el poder de negociación de los trabajadores, facilitando acuerdos a la baja y una competencia interna entre empleados de distintas firmas.
También se advierte sobre el impacto en el derecho de huelga y en el sistema previsional. Desde la oposición anticiparon una “catarata de planteos de inconstitucionalidad” si la norma es ratificada por el Senado.
Un cambio de paradigma laboral
Detrás del discurso de la “modernización”, sectores críticos ven un giro hacia un modelo de mayor precarización, con menos estabilidad, menor protección ante despidos y un debilitamiento del rol sindical. La eliminación previa de un artículo que contemplaba una rebaja salarial ante accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral no logró disipar las críticas de fondo: para los detractores, el espíritu general del proyecto continúa orientado a flexibilizar condiciones laborales.
La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado. El oficialismo ya convocó a comisiones para acelerar su dictamen y buscar su aprobación antes de la apertura de sesiones ordinarias.
Mientras tanto, el conflicto social escala. Para buena parte del movimiento obrero, lo que se discute no es solo una reforma técnica, sino la pérdida concreta de derechos históricos: estabilidad, negociación colectiva fuerte, protección frente al despido y capacidad de acción sindical. En ese marco, la media sanción en Diputados aparece como el primer paso de una transformación que, de confirmarse, redefinirá la relación entre capital y trabajo en el país.
