La política de ajuste promovida por la gestión de Javier Milei ya no se limita al Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados de la Nación Argentina habilitó un régimen de retiros voluntarios que contempla hasta 300 vacantes, en lo que representa un nuevo paso en la reducción del aparato estatal.
La medida fue formalizada mediante la resolución 56/25 y establece un “Régimen de Retiro Previo a la Jubilación” con vigencia de 90 días. Aunque presentada como una herramienta administrativa, la decisión se inscribe en una estrategia política más amplia: achicar estructuras, reducir personal y exhibir señales de austeridad en todos los niveles del Estado.
Alcance y condiciones
El plan está dirigido a:
Personal de Planta Permanente.
Personal de Planta Temporaria con más de dos años de antigüedad en estructuras orgánicas aprobadas.
Entre los requisitos figuran:
30 años de aportes previsionales.
Hasta 60 meses de funciones cumplidas.
60 años o más en el caso de los hombres y 55 años o más en el caso de las mujeres.
La compensación económica consiste en la indemnización correspondiente al salario bruto más un 10% adicional.
Desde el área de Recursos Humanos del Congreso se indicó que la aplicación quedará bajo supervisión administrativa interna.
Ajuste transversal y señal política
Sin embargo, detrás del discurso de “ordenamiento” y “eficiencia”, el patrón se repite: reducción de personal, contracción de estructuras y presión sobre el empleo estatal. La extensión del ajuste al Poder Legislativo no solo implica una señal hacia los mercados y hacia el electorado más alineado con la consigna de “menos Estado”, sino también una redefinición del equilibrio institucional.
Especialistas advierten que el achicamiento acelerado puede impactar en la capacidad técnica y operativa del Congreso, un ámbito clave para la producción y el control legislativo. Reducir personal no es neutro: implica menos recursos humanos para asesoramiento, comisiones y seguimiento de políticas públicas.
