El discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei generó una inmediata reacción del sector industrial PyME. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) difundieron un comunicado en el que rechazaron de manera frontal la caracterización del empresariado industrial como un sector beneficiado por privilegios o prebendas.
“Nosotros no somos privilegiados ni prebendarios. Somos quienes invertimos, producimos y generamos empleo todos los días en un país históricamente inestable”, señalaron desde la entidad, marcando distancia con el tono presidencial.
“Estigmatizar a la industria es peligroso”
En el documento, IPA advirtió que instalar la idea de que la industria nacional es sinónimo de corrupción o privilegio “no solo es injusto, sino peligroso”. Según el sector, ese enfoque desconoce la realidad cotidiana de miles de pequeñas y medianas empresas que operan con costos elevados, alta presión impositiva y dificultades de financiamiento.
Entre los puntos que remarcaron:
Años de costos energéticos elevados.
Superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Tasas de interés que, en distintos momentos, resultaron prácticamente impagables.
Sostenimiento del empleo formal incluso en contextos de crisis profundas.
Las PyMEs recordaron además que representan alrededor del 70% del empleo privado formal del país, un dato que contrasta con la narrativa oficial que las ubica dentro de un esquema de privilegios.
Apertura comercial: advertencia por “desplazamiento productivo”
Uno de los ejes más críticos del comunicado fue la política de apertura económica. Desde IPA señalaron que la apertura puede ser positiva si es gradual y equilibrada, pero cuestionaron un eventual esquema de shock sin corrección previa de las asimetrías estructurales.
“El problema no es competir. Es competir en desigualdad”, remarcaron. Según la entidad, reducir aranceles sin aliviar la carga impositiva interna, mejorar la infraestructura o facilitar el acceso al crédito no generaría eficiencia sino cierre de fábricas.
En ese sentido, plantearon que ningún país desarrollado consolidó su industria eliminando de manera abrupta los mecanismos de transición productiva.
Reclamos concretos al Gobierno
Lejos de pedir “protección eterna”, el sector reclamó:
Reducción real y estructural de impuestos.
Crédito productivo accesible.
Infraestructura adecuada.
Reglas claras y previsibilidad.
Transiciones ordenadas frente a reformas profundas.
También advirtieron sobre la “señal institucional” que implica señalar públicamente a sectores productivos como responsables del atraso económico. Para IPA, la inversión requiere previsibilidad y confianza, no confrontación discursiva.
Un conflicto que expone tensiones del modelo
La respuesta de las PyMEs refleja una tensión creciente entre el Gobierno y parte del entramado productivo. Mientras la administración nacional sostiene que el ajuste y la liberalización son el camino hacia la eficiencia y la competitividad, sectores industriales advierten que sin condiciones mínimas de equidad el resultado podría ser la destrucción de capacidades productivas ya instaladas.
“Cuando una PyME cierra, no se pierde solo una empresa: se pierde comunidad, empleo y arraigo local”, concluyeron.
El cruce deja en evidencia un debate de fondo que el Gobierno aún no logra saldar: cómo modernizar la economía sin erosionar el tejido productivo que sostiene el empleo formal en la Argentina.
