En el marco del Día Internacional de la Mujer, la organización Amnistía Internacional advirtió sobre un grave retroceso en las políticas de salud sexual y reproductiva en Argentina, y responsabilizó al gobierno de Javier Milei por el desmantelamiento de programas y la interrupción en la provisión de insumos esenciales.
Según la organización, desde 2023 el Estado nacional dejó de comprar y distribuir insumos necesarios para garantizar el acceso al aborto legal, derecho establecido por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de Argentina. Esta situación, alertaron, profundiza las desigualdades territoriales y pone en riesgo la salud y la vida de mujeres y personas gestantes.
El informe también señala una drástica caída en la distribución de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo, que entre 2023 y 2024 se redujo en un 81%. A esto se suma que durante 2025 el Estado nacional no distribuyó preservativos, en un contexto en el que los casos de sífilis alcanzaron niveles récord en el país.
Programas desfinanciados y políticas abandonadas
Amnistía Internacional también denunció el desfinanciamiento de campañas de información y prevención y el debilitamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), una política pública que había logrado reducir en un 50% la tasa de embarazo adolescente entre 2018 y 2023.
Para la organización, estas decisiones reflejan un abandono deliberado de las políticas públicas destinadas a garantizar derechos básicos, que impacta especialmente en niñas, adolescentes y mujeres de los sectores más vulnerables.
El informe también advierte que este escenario se produce en un contexto alarmante: la mortalidad materna aumentó un 37% respecto de 2023, lo que refuerza la necesidad de fortalecer —y no desmantelar— las políticas de salud sexual y reproductiva.
Desde Amnistía Internacional sostuvieron que el Estado argentino está incumpliendo sus obligaciones de garantizar derechos humanos fundamentales, al retirar herramientas clave de prevención, información y acceso a servicios de salud.
“Cuando el Estado se retira de las políticas de salud sexual y reproductiva, las consecuencias recaen sobre las mujeres y personas gestantes, especialmente en los sectores con menos recursos”, advirtieron desde la organización.
