El haber mínimo jubilatorio alcanzará 380.286 pesos en abril tras el ajuste del 2,9% aplicado por Anses, correspondiente a la inflación de febrero, según informó el Indec. Sin embargo, especialistas y organizaciones de jubilados advierten que este aumento resulta insuficiente frente al avance de la inflación y el aumento sostenido del costo de vida.
El esquema de movilidad vigente, establecido por el Decreto 274/2024, actualiza los haberes con un rezago de dos meses. Si bien reemplazó el cálculo trimestral, el incremento aplicado en abril apenas logra compensar una parte del deterioro de los ingresos previsionales, dejando a los jubilados con recursos limitados para afrontar alimentos, servicios y medicamentos.
Con el bono extraordinario de 70 mil pesos, la jubilación mínima podría llegar a 450.286 pesos, aunque desde distintos sectores advierten que se trata de una solución temporal y parcial, que no alcanza a compensar la pérdida acumulada de poder adquisitivo. Según cifras del propio sistema, los ingresos previsionales sufrieron una fuerte erosión durante los últimos años, y la actualización mensual sigue quedando rezagada frente a la inflación real.
Otras prestaciones también recibirán aumentos mínimos:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 304.243,19 pesos
Asignación Universal por Hijo (AUH): 136.653,44 pesos
Pensión no Contributiva: 266.170,81 pesos
Pensión para madre de siete hijos: 380.312,63 pesos
Desde organizaciones de jubilados y economistas críticos al Gobierno, advierten que los aumentos siguen siendo remedios parciales frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada y denuncian que las políticas de ajuste generan un constante deterioro de los ingresos de los sectores más vulnerables.
El calendario de pagos de abril todavía no fue confirmado oficialmente, aunque se espera que Anses publique los detalles por terminación de DNI durante la segunda semana de abril.
En este contexto, la combinación de inflación sostenida, ajuste en el gasto social y aumentos insuficientes mantiene a los jubilados y beneficiarios de la seguridad social en una situación de vulnerabilidad, obligándolos a priorizar gastos esenciales y recortar medicación, alimentación y servicios básicos.
