La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Ejecutivo y exigió la recomposición salarial y actualización de becas en todas las universidades públicas.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal determinó que el Gobierno nacional debe aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada por el Congreso en 2025, tras una apelación presentada por el Ejecutivo.
La Justicia desestimó los argumentos del Gobierno para no implementar la norma, calificándolos de “poco serios”, y destacó que tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron el proyecto por mayoría. Además, ordenó la recomposición salarial de docentes y personal no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025, y la actualización inmediata de las becas universitarias.
La medida se produjo luego del reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional y de diversas casas de altos estudios ante el desfinanciamiento del sector, y tras tres semanas de paro nacional universitario que afectó a la mayoría de las universidades del país en demanda de recomposición salarial.
Según la resolución, la suspensión de la ley mediante decretos del Ejecutivo es considerada “ilegítima”, reafirmando el derecho de las universidades a contar con los fondos necesarios para su funcionamiento y garantizar condiciones dignas para docentes y estudiantes.
