En medio de un clima de fuerte debate, la Cámara de Diputados se dispone a tratar una reforma de la Ley de Glaciares de Argentina que genera preocupación en sectores ambientales y científicos por el posible impacto sobre áreas clave para la preservación del agua.
El proyecto impulsa cambios en los criterios de protección, especialmente en el ambiente periglacial, una zona sensible que rodea a los glaciares y cumple un rol fundamental en la regulación hídrica. La iniciativa abre la puerta a actividades de exploración y explotación minera en estos territorios, algo que hasta ahora estaba fuertemente restringido.
Uno de los puntos más cuestionados es la transferencia de facultades a las provincias para definir qué áreas serán protegidas y cuáles podrán destinarse a actividades económicas. Según advierten especialistas, esto podría generar criterios dispares y debilitar los estándares ambientales a nivel nacional.
La reforma cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias con fuerte potencial minero, como Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, quienes buscan atraer inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, incluido en la Ley Bases aprobada en 2024.
Un cambio en la lógica de protección
La normativa vigente, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, además de la creación de un inventario nacional para identificar estas formaciones. Estas reservas naturales son estratégicas: alimentan 39 cuencas hidrográficas a lo largo de la cordillera de los Andes y garantizan el suministro de agua para millones de personas.
Sin embargo, la reforma propone eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en zonas periglaciares. En su lugar, se permitirían proyectos económicos siempre que cuenten con evaluaciones de impacto ambiental aprobadas.
Para organizaciones ambientalistas, este cambio representa un giro preocupante: si no se logra demostrar científicamente que un área cumple una función hídrica relevante, podría habilitarse su explotación, lo que incrementa el riesgo de intervención en ecosistemas frágiles.
Alertas por posibles impactos
Especialistas advierten que el ambiente periglacial actúa como una reserva estratégica de agua en contextos de cambio climático y sequías prolongadas. Su degradación podría afectar no solo a los ecosistemas de alta montaña, sino también al abastecimiento de agua en regiones enteras.
Además, señalan que el Inventario Nacional de Glaciares —clave para determinar las áreas protegidas— presenta demoras en su actualización, en parte por limitaciones presupuestarias, lo que añade incertidumbre sobre la correcta delimitación de zonas sensibles.
En este contexto, la reforma abre un escenario de tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental, con interrogantes sobre el equilibrio entre inversiones mineras y la protección de recursos naturales esenciales.
