Una organización delictiva dedicada a la extorsión sexual fue desbaratada tras una investigación que permitió detectar que operaba desde unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, con víctimas que en su mayoría eran menores de edad.
El operativo fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su División Investigaciones Tecnológicas Especiales, con intervención de la UFIJ N°8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo. Los procedimientos incluyeron allanamientos en celdas de los penales de Sierra Chica y Merlo, donde se secuestraron teléfonos celulares y documentación relevante.
La causa se inició a partir de múltiples denuncias de mujeres que habían sido víctimas de estafas sexuales bajo la modalidad conocida como “sextorsión”. Según la investigación, los delincuentes contactaban a las víctimas a través de redes sociales como Instagram y TikTok, ofreciéndoles falsos trabajos como modelos.
Uno de los reclusos se hacía pasar por productor de moda y solicitaba fotos o videos íntimos bajo el pretexto de evaluar talles o generar un supuesto “book” profesional. En algunos casos, incluso exigían dinero para avanzar en estas falsas propuestas.
Una vez obtenido el material, los acusados extorsionaban a las víctimas: las obligaban a realizar videollamadas con contenido sexual o les exigían pagos bajo amenaza de difundir las imágenes entre familiares, amigos o entornos escolares.
La investigación también reveló otras maniobras delictivas. Con las imágenes obtenidas, los integrantes de la banda creaban perfiles falsos para atraer a hombres, a quienes luego contactaban haciéndose pasar por policías. Bajo la acusación de haber interactuado con menores, les exigían dinero a cambio de evitar denuncias judiciales.
Además, utilizaban el material para ofrecer de forma fraudulenta a las víctimas en redes, como si se tratara de servicios sexuales.
Los procedimientos se centraron en el presunto líder de la organización, alojado en la cárcel de Sierra Chica, y en un cómplice detenido en la Unidad Penitenciaria de Merlo. Ambos ya contaban con antecedentes por delitos similares cometidos desde prisión.
Según indicaron fuentes de la investigación, la red también operaba con apoyo externo: personas fuera de los penales facilitaban cuentas bancarias para recibir el dinero de las extorsiones y luego transferirlo al principal implicado.
