La defensa ensayada por el presidente Javier Milei frente a la polémica por los créditos otorgados desde el Banco Nación a funcionarios de su propio espacio político no solo resulta insólita: revela una concepción alarmantemente reducida de la ética pública. Bajo el argumento de que estas decisiones “no mataron a nadie” ni cercenaron libertades individuales, el mandatario eligió correr el eje del debate hacia un terreno extremo, evitando así responder la pregunta central: ¿es legítimo que quienes ejercen el poder accedan a beneficios financieros en condiciones privilegiadas?
El presidente Javier Milei defendió los préstamos de Banco Nación otorgados a funcionarios libertarios y allegados a su Gobierno y, desde su postura, ratificó que no hubo irregularidades porque “no se vulneraron” los valores “morales” que atraviesan su gestión.
En una entrevista en el programa Economistas, que se emite por la TV Pública, manifestó que la toma de créditos que se difundieron estos últimos días no “mató gente” ni nadie “perdió la libertad” de hacer absolutamente nada.
“Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, porque nosotros hemos definido nuestros valores morales, la pregunta es: ¿con eso mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No. Con lo cual, el primer punto de nuestros valores morales, que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada. Vamos al segundo punto: La Libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? No. Es decir, vos te podes seguir expresando, podes seguir caminando por tu calle, podes seguir haciendo negocios, podés juntarte a hacer este programa…”, argumentó el mandatario.
Estas declaraciones se desprenden de lo sucedido el pasado viernes cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia indeclinable de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de conocerse su participación en una nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo.
La información que proviene de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) arrojó también los nombres de Pedro Inchauspe (BCRA), Felipe Núñez (BICE), Federico Furiase (Secretario de Finanzas), y varios diputados de La Libertad Avanza (LLA)
El análisis es que el razonamiento presidencial, planteado como una suerte de prueba moral mínima —vida y libertad—, omite deliberadamente otros principios básicos de cualquier república: la igualdad ante la ley, la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Que una acción no implique un daño físico directo no la convierte automáticamente en ética. Bajo esa lógica, una vasta gama de conductas cuestionables quedaría absuelta por defecto.
El caso cobra mayor gravedad en un contexto donde el propio Gobierno ha hecho de la “casta” política uno de sus principales blancos discursivos. Sin embargo, cuando los nombres que aparecen en los registros de créditos incluyen funcionarios, asesores y legisladores del oficialismo, la vara moral parece reconfigurarse con rapidez. La renuncia de un funcionario involucrado no alcanza para disipar la sospecha de un sistema que, al menos en apariencia, favorece a quienes detentan poder.
Más preocupante aún es el intento de naturalizar estos hechos mediante una retórica que trivializa el impacto institucional. El acceso diferencial a créditos estatales no es un detalle menor: implica, en muchos casos, condiciones que no están disponibles para el ciudadano común, ese mismo al que se le exige esfuerzo, ajuste y paciencia.
Reducir el debate a si “alguien murió” o “perdió la libertad” no solo empobrece la discusión pública, sino que degrada los estándares con los que se evalúa la conducta de los funcionarios. La ética en la función pública no debería medirse contra el abismo, sino contra el deber de ejemplaridad. Porque en democracia, no todo lo que no mata es aceptable.
