Intendentes de distintos puntos del país analizan avanzar con una denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de caudales públicos. La medida surge tras advertencias sobre la posible retención indebida de recursos provenientes del impuesto a los combustibles y la falta de respuesta oficial a sus pedidos de diálogo.
La Federación Argentina de Municipios (FAM) presentó un documento ante el Ministerio de Economía y, en paralelo, inició consultas con asesores legales para impulsar una acción judicial en caso de que no se habilite una instancia de negociación que permita normalizar el flujo de fondos.
Según indicaron desde la entidad, la legislación vigente establece que una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. De ese total, hasta un 20% corresponde a obras ferroviarias y el resto a infraestructura vial.
Los jefes comunales sostienen que la eventual retención de esos recursos genera un impacto directo en las comunidades y podría constituir un delito. En ese sentido, señalaron que durante el último año se habrían recaudado 3,5 billones de pesos para el fideicomiso, de los cuales una porción significativa no habría sido transferida a los organismos correspondientes.
“Ese dinero se destina a la especulación financiera, mediante instrumentos como bonos o compra de divisas”, afirmó una intendenta tras la presentación realizada ante la cartera económica.
La reunión clave se desarrolló en la sede de la FAM, con la participación de representantes de distintos espacios políticos. El encuentro fue encabezado por su titular, Fernando Espinoza, y concluyó con la decisión de avanzar en una estrategia judicial si no hay una convocatoria urgente del Gobierno nacional.
En paralelo, trascendió que en el ámbito oficial existe preocupación por el posible avance de denuncias y eventuales investigaciones en la Justicia federal.
Además, el documento presentado señala que entre el 1 de enero y el 31 de marzo se habrían recaudado 1,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles sin que esos fondos fueran destinados a obras ni a aliviar el costo para los usuarios.
“La situación es apremiante y los recursos se agotan. Necesitamos una respuesta urgente. Si no hay diálogo, avanzaremos por la vía judicial”, advirtió uno de los representantes de la entidad.
