La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud, Liliana González, presentó el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental durante el XXXIX Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental, realizado en Buenos Aires.
La iniciativa fue expuesta ante profesionales y referentes del sector con el objetivo de compartir los principales lineamientos de una reforma que busca mejorar la respuesta del sistema sanitario frente a situaciones complejas vinculadas a trastornos mentales severos.
Según informó la cartera sanitaria, González sostuvo que la normativa actual “no funciona adecuadamente” para abordar ciertos cuadros graves y remarcó la necesidad de garantizar tratamientos “adecuados y oportunos”.
“Se necesita un cambio para poder acceder al tratamiento adecuado y oportuno y evitar homicidios, suicidios y agresiones severas por no tener el acceso debido a los tratamientos”, afirmó la funcionaria.
La elaboración del proyecto contempló las dificultades detectadas en distintas provincias y los planteos realizados por familiares, organizaciones civiles y equipos de salud.
“Hemos escuchado a familiares, madres desesperadas que no lograban un tratamiento para sus hijos, organizaciones de la sociedad civil, profesionales, jefes de servicio y también a las 24 jurisdicciones”, señaló González.
Entre los cambios más relevantes, el proyecto propone reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” por un criterio “situacional”, que contemple antecedentes, contexto y posibles consecuencias ante la falta de tratamiento.
Además, la iniciativa plantea ampliar la red asistencial mediante la incorporación de hospitales especializados e instituciones específicas de salud mental, con el objetivo de enfrentar la falta de camas disponibles para atención e internación.
Otro de los puntos destacados incluye la evaluación interdisciplinaria obligatoria de pacientes internados voluntariamente antes de recibir el alta médica. También se prevé establecer responsabilidades legales para los familiares de pacientes externados y aplicar controles judiciales durante seis meses posteriores al alta para fortalecer la continuidad de los tratamientos.
Tras la presentación formal ante la Asociación de Psiquiatras de Argentina, el Ministerio de Salud comenzó una ronda de reuniones con equipos técnicos provinciales para analizar el alcance del proyecto y responder consultas. Los primeros encuentros se realizaron con representantes de Mendoza, Misiones y Neuquén, y se esperan nuevas reuniones con otras jurisdicciones.
