El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un encuentro con dirigentes sindicales y autoridades laborales de distintas provincias para analizar el impacto de la reforma laboral y avanzar en una estrategia conjunta para cuestionarla.
La reunión se realizó en la Casa de Gobierno bonaerense junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y se enmarca en la reciente reactivación judicial de la normativa impulsada por el presidente Javier Milei.
Un frente común contra la reforma
El encuentro formó parte del denominado “Encuentro Federal del Trabajo”, un espacio de articulación entre provincias que busca coordinar políticas laborales y que surgió tras la desarticulación de ámbitos federales previos.
Participaron representantes de las principales centrales sindicales, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA, junto a funcionarios de provincias como La Pampa, Tierra del Fuego, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero.
Entre los dirigentes presentes estuvieron Hugo Godoy, Hugo Yasky, Héctor Daer, Octavio Argüello y Roberto Baradel, entre otros.
Críticas a la ley y planteo de inconstitucionalidad
Durante la jornada, los participantes coincidieron en cuestionar la reforma laboral por considerar que afecta competencias de las provincias en materia de fiscalización y control del trabajo.
Kicillof sostuvo que existe “un intento de suprimir facultades provinciales” y calificó la iniciativa como “inconstitucional”, al tiempo que aseguró que su gestión continuará defendiendo los derechos laborales.
En la misma línea, los dirigentes sindicales remarcaron que la norma limita la capacidad de las jurisdicciones para ejercer el poder de policía laboral y garantizar el cumplimiento de derechos.
Documento conjunto y estrategia
Como resultado del encuentro, se elaboró un documento consensuado en el que se identifican al menos 13 puntos críticos de la ley. Allí se advierte sobre posibles violaciones a la Constitución Nacional y a las constituciones provinciales.
El texto también plantea que la reforma implica una “intromisión” en atribuciones no delegadas por las provincias, especialmente en aspectos vinculados a procedimientos judiciales, fiscalización y regulación del trabajo.
En ese marco, las centrales sindicales y los gobiernos provinciales anticiparon que impulsarán acciones coordinadas en los planos político, judicial y gremial para frenar la aplicación de la norma.
Federalismo y conflicto político
Los participantes coincidieron en que el eje del conflicto no es solo laboral, sino también institucional. Según señalaron, está en juego el equilibrio federal y la autonomía de las provincias.
En ese sentido, se planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre jurisdicciones y sindicatos para enfrentar lo que consideran un avance del Gobierno nacional sobre competencias locales.
El encuentro se suma a una serie de gestos políticos del gobernador bonaerense en busca de consolidar un bloque federal de oposición a las políticas laborales impulsadas por la administración nacional.
