A una semana de la decisión de impedir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, crecen los cuestionamientos al gobierno de Javier Milei por el tono confrontativo de sus declaraciones y las restricciones al trabajo de la prensa.
La medida, comunicada de manera informal y aún sin resolución oficial, dejó sin cobertura directa a los medios en uno de los principales ámbitos institucionales del país, lo que generó preocupación en distintos sectores por el impacto en la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
En paralelo, el Presidente profundizó su enfrentamiento con el periodismo con fuertes declaraciones públicas. En los pasillos del Congreso, al referirse a la investigación sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni, lanzó: “El caso está cerrado, chorros, corruptos”, en alusión a periodistas parlamentarios.
Las críticas se repitieron en distintos escenarios durante la última semana, incluyendo discursos oficiales y publicaciones en redes sociales, donde el mandatario volvió a cuestionar con dureza a los medios de comunicación. En una de sus intervenciones, sostuvo: “Han dicho de todo sobre mí. Me han acusado de incestuoso, zoofílico, y pedófilo. Creo que tengo derecho de defenderme. ¿Qué creen que es el principio de no agresión? Los periodistas pueden pegar, pero también se puede responder. Eso no afecta a la libertad de expresión. Si creen que hay asimetría, les pregunto: ¿en qué momento ejercí violencia? Esto es para todos los llorones”.
Desde sus redes sociales, el tono se mantuvo en la misma línea crítica: “NOL$ALP. Desenmascarando el accionar de las basuras inmundas (95%) que llevan el rótulo de ‘periodistas’. La falta de pauta los tiene tan locos que hoy no exhiben diferencia alguna en visión. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.
El escenario abre un debate sobre los límites del discurso oficial y el rol del Estado en garantizar condiciones para el ejercicio del periodismo. La combinación de restricciones al acceso institucional y descalificaciones públicas hacia trabajadores de prensa es señalada por distintos sectores como un factor que puede afectar la pluralidad de voces y el funcionamiento democrático.
Mientras tanto, dentro del propio Gobierno surgen advertencias sobre el costo político de sostener esta confrontación abierta con los medios, en un contexto donde la tensión no muestra señales de desaceleración.
