El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó un plan de retiros voluntarios que forma parte de una estrategia oficial de reducción de personal en el organismo, en el marco de la política de ajuste impulsada por el Gobierno nacional.
La medida, diseñada por la cartera de Desregulación del Estado conducida por Federico Sturzenegger y presentada por la conducción del organismo, apunta a reducir cerca del 20% de la planta actual, lo que equivale a unos 950 trabajadores entre técnicos, investigadores, especialistas y personal administrativo.
El plan contempla un fondo de aproximadamente 101 mil millones de pesos para financiar las salidas voluntarias. Podrán adherir agentes de planta permanente de hasta 65 años. En el caso de quienes tengan menos de 60 años, la compensación será de 1,5 salarios por cada año trabajado, mientras que para los de mayor edad se establecen topes de entre 12 y 24 salarios, según proximidad a la jubilación.
Actualmente, el INTA cuenta con alrededor de 5.800 empleados, y desde el inicio de la gestión ya se registraron unas 500 bajas. Con este nuevo esquema, el objetivo oficial es profundizar la reducción de personal.
Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos dentro del ámbito científico y gremial, donde advierten que el plan no solo implica una reducción de puestos de trabajo, sino también un impacto directo sobre las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico y extensión rural del organismo.
El debate se enmarca en un proceso más amplio de reestructuración del INTA, que ya incluyó el cierre de dependencias, la venta de terrenos y la reducción de agencias de extensión en distintas regiones del país. Entre las medidas previas se mencionan el cierre del INTA AMBA y la transferencia de predios en zonas estratégicas.
También se señala que en experiencias anteriores de retiros voluntarios la adhesión fue menor a la esperada por el Gobierno, lo que abre interrogantes sobre el alcance real del nuevo plan.
En este contexto, sectores vinculados a la ciencia y la tecnología advierten que el proceso podría derivar en una pérdida de capacidades acumuladas durante décadas, con efectos estructurales sobre la investigación agropecuaria y el desarrollo productivo del país.
