Un fallo de la Justicia porteña modificó las condiciones para los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y DiDi en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahora, los choferes deberán tramitar una licencia profesional y contar con seguros específicos para continuar prestando servicio, en una medida que equipara las exigencias con las que ya cumplen taxis y remises.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña, tras un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces consideraron que las plataformas digitales brindan un servicio de transporte de pasajeros y, por lo tanto, no pueden operar por fuera de las regulaciones vigentes para el resto del sector.
Hasta ahora, muchos conductores de aplicaciones trabajaban con licencias particulares. Con este nuevo criterio judicial, deberán ajustarse a los mismos requisitos que los taxistas mientras no exista una legislación específica que regule a las apps de transporte.
Qué cambia para los conductores
El fallo establece que Uber, Cabify y DiDi no pueden seguir funcionando en un “vacío legal” que les permita evitar controles regulatorios. Según los magistrados, la diferencia de exigencias generaba una situación desigual frente a taxis y remises, que sí afrontan habilitaciones, costos y controles obligatorios.
Entre las nuevas condiciones que deberán cumplir los conductores de aplicaciones figuran:
Licencia de conducir profesional.
Seguros especiales para transporte de pasajeros.
Cobertura para pasajeros, conductor y responsabilidad civil.
Habilitaciones y controles similares a los de taxis y remises.
Adaptación a futuras regulaciones que disponga la Ciudad.
Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín señalaron además que las plataformas forman parte de un “servicio global de transporte” y no solo de una intermediación tecnológica. Para respaldar esa postura citaron antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Críticas al Gobierno porteño
La Cámara también cuestionó al Gobierno de la Ciudad por haber permitido durante años una “apariencia de regularidad” en el funcionamiento de estas aplicaciones. Según el fallo, mientras oficialmente se consideraba a Uber como un servicio clandestino, al mismo tiempo se permitía su publicidad en espacios públicos y no se avanzaba con controles efectivos.
Además, la Justicia ordenó que la Ciudad avance en el cobro de impuestos locales a las plataformas digitales y realice campañas informativas para advertir a los usuarios sobre riesgos vinculados a seguros, licencias y cobertura de los viajes.
Otro punto relevante de la resolución es que, mientras persista la diferencia regulatoria entre taxis y aplicaciones, el Gobierno porteño no podrá cobrar a los taxistas determinados aranceles administrativos relacionados con licencias y habilitaciones. Los magistrados sostuvieron que no puede mantenerse un esquema de costos más exigente para un sector que compite con otro sin obligaciones equivalentes.
