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Abuelas alertan sobre el peligro de parálisis del Banco Nacional de Datos Genéticos

Abuelas de Plaza de Mayo denuncian que el Banco Nacional de Datos Genéticos podría paralizarse si el Gobierno no amplía su crédito presupuestario, poniendo en peligro décadas de trabajo en la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la dictadura.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo clave para la identificación de personas apropiadas durante la última dictadura y la protección del derecho a la identidad, atraviesa una situación crítica. Desde Abuelas de Plaza de Mayo alertaron que la falta de presupuesto podría paralizar sus actividades si el Gobierno nacional no concede la ampliación del crédito necesaria para su funcionamiento.

Mariana Herrera Piñero, directora del BNDG, informó a la justicia que la insuficiencia de fondos compromete servicios esenciales como limpieza, vigilancia, mantenimiento de edificios y conservación de muestras biológicas, lo que afectaría la producción de pericias genéticas y la validez de procesos judiciales. Actualmente, el organismo custodia más de 32.000 muestras genéticas, incluyendo más de 1.000 perfiles de madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos.

El desfinanciamiento no solo pondría en riesgo la restitución de los nietos y nietas ya identificados, sino también nuevas búsquedas y la preservación de pruebas fundamentales para delitos de lesa humanidad. Además, afectaría el trabajo de otros organismos del Estado relacionados con la defensa del derecho a la identidad, como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron al Poder Judicial que intime al Gobierno a garantizar el normal funcionamiento del BNDG y pidieron a ambas cámaras del Congreso que intervengan activamente para asegurar los recursos necesarios. “Nunca bajaremos los brazos. Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas”, afirmaron, reafirmando el compromiso de seguir buscando y reclamando políticas públicas que sostengan la memoria y los derechos humanos en Argentina.

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