El Gobierno nacional decidió diferir una vez más la actualización de los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, una medida que evita aumentos inmediatos en los surtidores pero que acumula incrementos pendientes para los próximos meses.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 405/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que posterga hasta el 1 de julio la aplicación de las actualizaciones correspondientes a los años 2024 y 2025, además de las vinculadas al primer trimestre de 2026.
Aunque la medida busca contener el impacto sobre los precios en el corto plazo, no implica una eliminación de las subas sino un nuevo diferimiento. Los impuestos continúan acumulando actualizaciones pendientes que deberán trasladarse más adelante, generando incertidumbre sobre el efecto que podrían tener en el precio final de los combustibles.
Los tributos alcanzados son el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), cuyos montos se actualizan de acuerdo con la evolución de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Desde el inicio de la gestión libertaria, el Ejecutivo aplicó algunas actualizaciones parciales y postergó otras con el objetivo de moderar el impacto inflacionario. Sin embargo, la estrategia también provocó una acumulación de incrementos que periódicamente reaparece en la agenda económica.
En los hechos, la decisión implica que durante junio los combustibles no absorberán la totalidad de las actualizaciones impositivas pendientes. No obstante, si el esquema previsto se mantiene, a partir de julio podrían comenzar a trasladarse los montos acumulados, con impacto potencial sobre la nafta, el gasoil, el transporte y los costos logísticos de la economía.
El Gobierno justificó la medida en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Sin embargo, la postergación vuelve a poner en evidencia la tensión entre el objetivo de sostener la recaudación tributaria y la necesidad de evitar nuevas presiones sobre los precios en un contexto de desaceleración inflacionaria.
