El próximo lunes comenzará el juicio por la muerte de un niño de 6 años atropellado en septiembre de 2020 en la localidad bonaerense de Laferrere, en el partido La Matanza, en medio de una picada.
El debate oral por la muerte de Tahiel Contreras estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza y tendrá como acusados a Nahuel Agustín Olivera, un radiólogo de 24 años, y Alexis Leonel Escribanti, un panadero de 26, que serán juzgados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual, prueba ilegal de velocidad y lesiones leves reiteradas”.
Las audiencias del juicio se realizarán en las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza.
El trágico hecho se produjo el 13 de septiembre de 2020 cuando el menor iba con su madre y padre, Noelia Díaz y Luciano Contreras, a tomar un helado para aprovechar que se habían empezado a morigerar las restricciones por la pandemia del coronavirus.
En el momento en el que iban a cruzar la ruta 21 a la altura de Soldado Sosa, el niño y su padre fueron atropellados por un Volkswagen Fox conducido por una mujer, quien perdió el control luego de su auto que fuera chocado de atrás. El niño falleció en el lugar, mientras que su padre resultó herido en una pierna.
Tras la investigación de lo ocurrido, se pudo determinar que el auto conducido por la mujer fue impactado por un Volkswagen Vento en el que iba Escribanti, y que aparentemente corría una picada con Olivera, quien iba en un Chevrolet Corsa.
Escribanti se escapó del lugar tras el hecho y fue detenido posteriormente, mientras que Olivera permaneció en el lugar en estado de shock.
Durante la etapa de instrucción, Olivera confesó que había conocido a Escribanti en un lugar en el que se corrían picadas y dijo que el día del trágico hecho se dirigían allí y que no estaban corriendo una picada.
En la causa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que impulsa en el Congreso la Ley Tahiel que decreta la figura penal del “homicidio vial” con penas más duras para los responsables de delitos de tránsito, equiparándola a la de “homicidio simple”, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión para quien provoque una muerte corriendo picadas ilegales, colaboró poniendo recursos técnicos a disposición de la Fiscalía que llevó adelante la investigación.
