El diputado bonaerense Alejandro Acerbo presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial con el objetivo de establecer mecanismos que permitan frenar o condicionar la venta de inmuebles públicos nacionales ubicados en territorio bonaerense.
La iniciativa surge en respuesta a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional para desprenderse de propiedades estatales y apunta a fortalecer las competencias de los municipios en materia de planificación urbana, ordenamiento territorial y control ambiental.
Según argumentó el legislador de Fuerza Patria, la propuesta busca evitar que predios de relevancia estratégica para las comunidades locales sean transferidos al sector privado sin contemplar su impacto sobre el desarrollo urbano, la producción, la investigación científica o el patrimonio público.
El proyecto toma como antecedente el decreto nacional que habilitó la venta o transferencia de 21 inmuebles estatales en distintos puntos del país, de los cuales once se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos aparecen propiedades ubicadas en Daireaux, Salazar, Pergamino, Tres Arroyos y otros municipios bonaerenses.
A ello se suman los predios pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), cuya posible venta generó preocupación en distintos sectores políticos, académicos y productivos por el papel que cumplen en tareas de investigación, extensión rural y desarrollo tecnológico.
En los fundamentos de la iniciativa, Acerbo advirtió que el Estado nacional avanza sobre un conjunto de bienes públicos con alto valor estratégico para las comunidades locales y sostuvo que las razones fiscales esgrimidas para justificar las ventas no deberían prevalecer sobre intereses vinculados al desarrollo territorial, el ambiente, la ciencia o el equipamiento comunitario.
En ese sentido, el legislador recordó que tanto la Provincia como varios municipios ya manifestaron interés en que algunos de esos inmuebles sean transferidos a la órbita bonaerense antes de ser ofrecidos al mercado privado.
La propuesta también se apoya en las facultades que poseen los gobiernos locales para definir usos del suelo, indicadores urbanísticos, densidades poblacionales y criterios de preservación ambiental. Según Acerbo, cualquier transformación derivada de la venta de tierras públicas debe respetar las herramientas de planificación vigentes en cada distrito.
Entre los puntos centrales, el proyecto prevé la intervención de organismos registrales y catastrales provinciales para impedir que se consoliden operaciones inmobiliarias que no acrediten el cumplimiento de las exigencias urbanísticas, ambientales y territoriales correspondientes.
Asimismo, busca evitar que emprendimientos privados puedan avanzar sobre áreas de interés estratégico sin la participación de los municipios y sin ajustarse a los mecanismos de control establecidos por la normativa bonaerense.
“El objetivo es que la Provincia y los municipios no queden como meros espectadores frente a procesos de venta que pueden tener consecuencias estructurales sobre las ciudades, el ambiente y las comunidades”, señalaron desde el entorno del legislador.
La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá ser analizada en comisiones antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento.
