El Gobierno nacional avanzó con un nuevo capítulo de la reforma laboral al reglamentar el cálculo de los aportes sindicales, una medida que generó críticas desde distintos sectores gremiales por considerar que implica una reducción de derechos y un debilitamiento de las organizaciones de trabajadores.
A través del Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que las horas extras, el aguinaldo, los bonos, los premios, el plus vacacional y otras sumas no habituales dejarán de formar parte de la base sobre la cual se calculan los aportes previstos en los convenios colectivos de trabajo.
La normativa dispone que, de ahora en adelante, el cálculo deberá realizarse únicamente sobre el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual. Según el Gobierno, el objetivo es unificar criterios, evitar interpretaciones divergentes y reducir los costos asociados a las negociaciones colectivas.
Sin embargo, desde sectores sindicales interpretan la medida como un nuevo avance sobre las herramientas de financiamiento de los gremios y advierten que podría afectar recursos destinados a la defensa de los derechos laborales, la capacitación, la asistencia social y otras prestaciones que brindan las organizaciones sindicales.
Entre los conceptos que quedan excluidos del cálculo figuran las horas extras, los premios y bonos, la participación en las ganancias, el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), el plus vacacional, las sumas no remunerativas y cualquier otro pago que no sea percibido de manera normal, habitual y mensual.
La reglamentación también introduce mayores exigencias en el manejo de fondos sindicales. Los recursos aportados por los empleadores para fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales deberán ser administrados de forma separada del patrimonio general de los sindicatos y contar con documentación específica que permita un seguimiento detallado de su utilización.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que estas modificaciones buscan aportar transparencia y seguridad jurídica en la aplicación de los convenios colectivos. No obstante, para sectores críticos de la reforma laboral, la decisión se inscribe en una serie de cambios orientados a reducir el peso de la representación sindical en las relaciones laborales.
La medida entró en vigencia este mismo lunes y se suma a otras disposiciones impulsadas en el marco de la Ley de Modernización Laboral, una iniciativa que continúa generando debate entre el Gobierno, las organizaciones gremiales y los distintos actores del mundo del trabajo.
