La sostenida pérdida de empleo registrado y el crecimiento de modalidades laborales más precarias encendieron señales de alerta sobre la situación del sistema previsional argentino. Datos oficiales de la Subsecretaría de Seguridad Social muestran que en los últimos tres años se redujo en más de 300 mil personas la cantidad de trabajadores que realizan aportes al sistema jubilatorio.
Según el informe elaborado a partir de registros de ANSES y ARCA (ex AFIP), en mayo de 2026 se contabilizaron 12,4 millones de aportantes, lo que representa una caída de 304.417 trabajadores respecto de mayo de 2023. En la comparación interanual, la disminución fue de 38.532 personas.
La principal preocupación radica en que la reducción se concentra en el empleo asalariado registrado, que es el que genera los mayores aportes y contribuciones para financiar jubilaciones y pensiones.
Más de 140 mil asalariados menos
Los datos oficiales indican que durante el último año se perdieron 140.659 aportantes en relación de dependencia. El sector privado fue el más afectado, con una caída de 108.378 trabajadores registrados, mientras que el empleo público redujo otros 36.034 aportantes.
La tendencia coincide con un escenario de retracción de la actividad económica, cierre de empresas y recortes en distintas áreas del Estado, factores que impactaron directamente sobre el empleo formal.
Mientras tanto, crecieron otras modalidades de inserción laboral con menores niveles de protección social. En el mismo período, el número de monotributistas aumentó en 71.514 personas y el régimen de casas particulares incorporó casi 30 mil nuevos aportantes.
Avanza la precarización
Detrás de estos cambios aparece otro fenómeno que preocupa a especialistas y sindicatos: el crecimiento de la informalidad laboral.
De acuerdo con datos citados del INDEC, más de 5,6 millones de asalariados privados trabajan sin registrar, lo que ubica la tasa de informalidad en el 43,6%. En total, se estima que alrededor de 9,5 millones de personas ocupadas no realizan aportes previsionales ni cuentan con cobertura de salud o seguros laborales.
La consecuencia es doble: por un lado, millones de trabajadores quedan desprotegidos; por otro, disminuyen los recursos que ingresan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Más jubilados y menos aportantes
La situación adquiere mayor relevancia porque, al mismo tiempo que cae la cantidad de aportantes, continúa creciendo el número de beneficiarios.
En mayo de 2026 el SIPA registró 6,8 millones de jubilaciones y pensiones, unas 73.700 más que un año atrás. El incremento de beneficiarios, combinado con una menor base de trabajadores registrados, amplía las dificultades para sostener el financiamiento del sistema.
Actualmente, casi la mitad de las prestaciones previsionales corresponde a jubilaciones obtenidas mediante moratorias, mientras que algo más del 44% son jubilaciones ordinarias por aportes completos.
Un desafío para la sustentabilidad
El deterioro del empleo formal plantea un desafío creciente para el sistema previsional. Los aportes de trabajadores independientes o monotributistas suelen ser inferiores a los de un empleado registrado, por lo que la reducción de puestos asalariados impacta directamente sobre la recaudación.
En ese contexto, especialistas advierten que la combinación de despidos, aumento de la informalidad y crecimiento de la cantidad de jubilados incrementa la dependencia del sistema respecto de los recursos del Estado nacional para cubrir el déficit previsional.
Con la continuidad de los recortes en distintas áreas del sector público y las dificultades que atraviesan numerosas empresas privadas, el escenario genera preocupación sobre la capacidad futura de sostener el financiamiento de las jubilaciones y pensiones en la Argentina.
