La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena en la denominada causa Vialidad, al considerar que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos vulnera sus derechos fundamentales.
La presentación fue anunciada en paralelo a una conferencia de prensa encabezada por su equipo de abogados y acompañada por la difusión de una columna de la ex mandataria en medios internacionales como El País de España y Libération de Francia.
En el escrito, Cristina Kirchner defendió su inocencia y sostuvo que el proceso judicial que derivó en su condena estuvo atravesado por “arbitrariedades” que, según su planteo, afectaron las garantías de un juicio imparcial.
“La instancia internacional no responde a una mera disconformidad con una decisión judicial, sino al análisis del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos”, expresó la ex presidenta.
La dirigente calificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como una forma de “proscripción política” y afirmó que la condena afecta no solo su situación personal, sino también el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
En su presentación también hizo referencia al atentado sufrido el 1 de septiembre de 2022, al que definió como un hecho de extrema gravedad que expuso los riesgos de la violencia política y su impacto sobre la convivencia democrática.
Estrategia internacional de la defensa
Para avanzar con la presentación ante Naciones Unidas, la defensa incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, quien formó parte del equipo jurídico del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. Ambos participaron junto al abogado argentino Alberto Beraldi.
Ahora, el Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá evaluar si la presentación cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En caso de avanzar, el organismo podría solicitar información al Estado argentino antes de emitir una eventual recomendación.
Cristina Kirchner cumple actualmente arresto domiciliario tras quedar firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa Vialidad, fallo confirmado por la Corte Suprema en junio de 2025.
La ex mandataria aseguró que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender su inocencia y sostuvo que el reclamo ante organismos internacionales busca poner bajo análisis las garantías judiciales y el funcionamiento institucional argentino.
