El inicio de agosto llegó con nuevos incrementos en servicios esenciales que vuelven a poner bajo presión la economía de millones de argentinos. Transporte público, medicina prepaga, tarifas, alquileres y colegios privados registran aumentos que impactarán de lleno en el presupuesto de los hogares y volverán a poner a prueba el poder adquisitivo.
Aunque el Gobierno sostiene que la inflación mantiene una tendencia descendente y destaca la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, la realidad cotidiana continúa marcada por el encarecimiento de gastos indispensables, obligando a muchas familias a reorganizar sus ingresos para afrontar el costo de vida.
Uno de los incrementos más sensibles es el del transporte público. Los colectivos que circulan en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires aumentan alrededor de un 4%, mientras que el subte registra una suba cercana al 3,9% y los trenes metropolitanos aplican incrementos que oscilan entre el 10,5% y el 11%.
A esta lista se suman los peajes porteños, que también aumentan un 3,9%, y las empresas de medicina prepaga, cuyos planes tendrán ajustes de entre el 1,8% y el 2,9%, según la cobertura y la región.
Los servicios públicos tampoco quedan al margen. Las facturas de agua en el AMBA subirán un 3%, mientras que las tarifas de gas incorporarán un nuevo esquema de actualización dispuesto por el Gobierno nacional, que modifica la forma en que se trasladan a los usuarios las variaciones en el costo del suministro.
Los alquileres representan otro de los principales golpes al presupuesto familiar. Quienes mantienen contratos bajo la antigua Ley de Alquileres enfrentarán un ajuste anual superior al 31%, mientras que los contratos indexados por inflación tendrán una actualización cercana al 9%.
En el ámbito educativo, los colegios privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires aplicarán un incremento escalonado del 8,1%, comenzando con una suba del 5,5% durante agosto.
La sucesión de aumentos se produce en un contexto en el que numerosos indicadores muestran que el consumo continúa debilitado y que amplios sectores de la población todavía no logran recuperar el poder de compra perdido en los últimos años.
