La senadora bonaerense Laura Clark presentó un proyecto para suspender hasta diciembre de 2027 las interrupciones de luz, gas y agua a hogares que puedan acreditar imposibilidad de pago. La iniciativa también obliga a las empresas a ofrecer planes de regularización según los ingresos de cada familia.
En medio del fuerte impacto que el aumento de las tarifas tiene sobre los ingresos de los hogares, la senadora bonaerense Laura Clark presentó un proyecto de ley para evitar que las familias que atraviesan una situación económica crítica queden sin servicios públicos esenciales.
La iniciativa propone suspender los cortes de energía eléctrica, gas natural, agua potable y servicios cloacales hasta el 31 de diciembre de 2027 para aquellos usuarios que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad económica y una imposibilidad concreta de afrontar las facturas.
El proyecto pone el foco en el deterioro del poder adquisitivo y el crecimiento del endeudamiento de los hogares, en un contexto en el que el incremento de las tarifas se convirtió en una de las principales presiones sobre los presupuestos familiares.
¿A quiénes alcanzaría la medida?
La propuesta contempla entre sus beneficiarios a jubilados y pensionados, familias cuyos ingresos se encuentren por debajo del valor de la canasta básica y hogares que tengan a su cargo personas con discapacidad, entre otros sectores considerados vulnerables.
Para acceder a la protección, los usuarios deberán presentar una declaración jurada que acredite su imposibilidad de afrontar el pago de las facturas. El beneficio estará destinado a quienes sean propietarios o inquilinos de una única vivienda.
Clark remarcó que la iniciativa no apunta a eliminar las obligaciones de pago, sino a impedir que una dificultad económica termine privando a una familia de servicios indispensables.
“La enorme mayoría de las familias quiere cumplir con sus obligaciones. No estamos hablando de personas que no quieren pagar, sino de trabajadores y jubilados que ya no llegan a fin de mes porque las tarifas crecieron muy por encima de sus ingresos”, sostuvo la legisladora.
Planes de pago según la capacidad de cada familia
El proyecto tampoco establece una condonación general de las deudas ni la creación de subsidios extraordinarios. En cambio, plantea que las empresas prestatarias deban ofrecer planes de regularización razonables y acordes con la capacidad económica de cada usuario.
De esta manera, se busca evitar que una deuda acumulada por falta de ingresos termine derivando en la interrupción de un servicio esencial.
“El corte de un servicio público básico es una medida inhumana cuando una familia no puede pagar por razones económicas. El Estado tiene la responsabilidad de proteger derechos esenciales como el acceso a la energía, el agua y el gas”, afirmó Clark.
La propuesta también contempla a los hogares que ya sufrieron la interrupción del suministro. En esos casos, las empresas deberían restablecer el servicio dentro de las 48 horas posteriores a la firma del correspondiente plan de pago y no podrían cobrar costos de reconexión.
El costo del ajuste sobre los hogares
Entre los fundamentos de la iniciativa se señala el deterioro del poder adquisitivo registrado desde diciembre de 2023, el incremento de las tarifas y el crecimiento de la morosidad de los hogares.
El proyecto sostiene que una parte cada vez mayor de las familias bonaerenses debe recurrir al endeudamiento para afrontar gastos cotidianos, incluido el pago de servicios públicos.
En ese escenario, la iniciativa busca instalar una discusión sobre el impacto social de la política tarifaria y sobre los límites que deberían existir cuando los aumentos de los servicios básicos superan la capacidad de pago de los hogares.
La propuesta toma como referencia antecedentes legislativos de otras provincias y plantea que la falta de recursos no pueda convertirse automáticamente en una condena a quedarse sin luz, agua o gas.
