Los gremios universitarios realizarán una huelga nacional el 27 y 28 de agosto. Denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la pérdida del poder adquisitivo y la salida de docentes e investigadores del sistema público.
Los docentes universitarios realizarán un paro nacional de 48 horas los próximos 27 y 28 de agosto, en reclamo por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por el deterioro de los salarios del sector.
La medida fue convocada por gremios que integran la representación docente universitaria, entre ellos FEDUBA, en un contexto de creciente tensión entre las universidades nacionales y el Gobierno.
El conflicto se centra en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. Los sindicatos denuncian que, pese a los fallos judiciales que ordenaron avanzar con su cumplimiento, los recursos previstos todavía no fueron transferidos en su totalidad.
Reclamo por los salarios
Uno de los principales puntos de la protesta es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.
Desde la Universidad de Buenos Aires advierten que los incrementos salariales otorgados durante los últimos meses quedaron por debajo de la inflación y que las actualizaciones fueron establecidas sin una negociación paritaria formal.
Según estimaciones difundidas desde el ámbito universitario, los docentes acumulan una pérdida cercana a un tercio de su poder de compra desde diciembre de 2023. Para recuperar los niveles salariales de aquel momento, sería necesario un aumento superior al 50% sobre los haberes actuales.
La situación afecta con mayor intensidad a los cargos de menor dedicación, aunque también alcanza a docentes con dedicación exclusiva.
Alerta por la salida de profesionales
A la pérdida salarial se suma la preocupación por la salida de docentes, investigadores y profesionales altamente calificados del sistema universitario público.
Las universidades advierten que las diferencias salariales con el sector privado y con instituciones del exterior están dificultando la retención de profesionales con formación de posgrado y experiencia académica.
Para las autoridades y los gremios, esta situación no sólo pone en riesgo la calidad de la enseñanza, sino también la investigación y el desarrollo científico y tecnológico que se realiza en las universidades nacionales.
La ley, en el centro del conflicto
El paro se produce mientras continúa la disputa política y judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los gremios sostienen que el Gobierno demora la implementación de una norma aprobada por el Congreso y reclaman respuestas concretas tanto para garantizar los recursos de las universidades como para recomponer los salarios docentes.
La medida del 27 y 28 de agosto podría ser el inicio de nuevas acciones gremiales si no se producen avances en los reclamos. El frente universitario mantiene abierta la posibilidad de profundizar el plan de lucha.
