La distribución de las bancas en la Cámara de Diputados mantiene diferencias entre la cantidad de habitantes de cada provincia y su representación parlamentaria. El fenómeno es conocido como malapportionment y está relacionado con un sistema de asignación de bancas que no se actualiza de acuerdo con los cambios demográficos registrados en los últimos censos.
La normativa vigente establece un diputado cada 161.000 habitantes o fracción superior a 80.500, además de un mínimo de cinco representantes por provincia. El esquema fue establecido en 1983 y contempla también que ningún distrito tenga menos bancas que las que poseía en 1976.
La Provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor población y uno de los más afectados por esta diferencia. Con alrededor del 38% de los habitantes del país, cuenta con 70 de las 257 bancas de Diputados, cerca del 27% del total.
En el otro extremo, Tierra del Fuego tiene cinco diputados para una población mucho menor. Según cálculos de la Cámara Nacional Electoral, se requieren alrededor de 38.000 votos para obtener una banca en ese distrito, mientras que en Buenos Aires son necesarios cerca de 250.000.
También existen diferencias en otros distritos. Córdoba cuenta actualmente con 18 diputados y Santa Fe con 19, mientras que distintos cálculos plantean que deberían tener una representación mayor si se aplicara un criterio estrictamente poblacional. En cambio, provincias con menor cantidad de habitantes mantienen una representación proporcionalmente superior.
La Constitución Nacional establece que la distribución de diputados debe estar vinculada con la población y actualizarse después de cada censo. La Cámara Nacional Electoral también se pronunció sobre el tema en 2018 y reclamó adecuar la representación a la evolución demográfica.
Existen distintos proyectos para modificar el sistema. Algunas propuestas plantean redistribuir las 257 bancas actuales, mientras que otras contemplan aumentar el número de diputados para evitar que las provincias menos pobladas pierdan representación.
La reforma requiere acuerdos políticos debido a que cualquier modificación alteraría el peso parlamentario de distintos distritos. El debate permanece pendiente mientras continúa la discusión sobre cómo compatibilizar la representación proporcional de la población con el carácter federal del sistema argentino.
