La crisis de Lácteos Verónica, una de las empresas históricas de la industria láctea santafesina, sumó un nuevo capítulo con el acuerdo para transferir sus plantas de Clason y Suardi por un total de US$15,5 millones. La operación, sin embargo, todavía debe ser autorizada por la Justicia en el marco del concurso preventivo de acreedores de la compañía.
Los establecimientos fueron comprometidos con las firmas Lacterra S.A.S. y Copalac S.A.S., respectivamente, mediante contratos firmados el 2 de julio. La venta se concretó en medio de una situación financiera crítica: la empresa acumula un pasivo superior a $118.496 millones, miles de cheques rechazados y un patrimonio neto negativo.
La situación también golpea de lleno a los trabajadores. La plantilla que llegó a rondar los 700 empleados se redujo a poco más de 300, distribuidos entre las plantas de Clason, Suardi y Lehmann.
Una deuda millonaria y más de 2.900 cheques rechazados
Los datos incorporados al expediente concursal muestran la magnitud de la crisis. La compañía registra más de 2.900 cheques rechazados por más de $11.200 millones y una deuda bancaria cercana a los $4.745 millones.
A esto se suma el reclamo de alrededor de 150 productores tamberos, que aseguran que la empresa mantiene una deuda cercana a los US$60 millones por leche cruda entregada y no abonada.
Al 30 de junio, el patrimonio neto negativo de la empresa alcanzaba los $9.262 millones.
La compañía atribuyó parte de las dificultades al derrumbe del consumo, el encarecimiento del crédito y la falta de capital de trabajo.
Preocupación de los trabajadores por las ventas
La transferencia de las plantas generó cuestionamientos entre los trabajadores y dentro del sector debido a que las sociedades que aparecen como compradoras fueron constituidas pocos días antes de los acuerdos.
Lacterra fue creada el 19 de junio y Copalac el 11 de junio. Los contratos contemplan además una modalidad de producción a fasón, mediante la cual las nuevas firmas aportan la materia prima y conservan la propiedad de los productos elaborados, mientras Lácteos Verónica recibe un canon por procesarlos.
En Suardi, esta modalidad ya comenzó a implementarse en una etapa de prueba. Sin embargo, la cantidad de trabajadores involucrados es muy inferior a la plantilla original: actualmente se desempeñan entre 12 y 18 empleados, frente a los 85 que tenía la planta.
Desde ATILRA, el sindicato que representa a los trabajadores de la industria láctea, señalaron que el acuerdo constituye una “salida coyuntural y provisoria” y reclamaron que los propietarios de la empresa den respuestas sobre la situación laboral.
Trabajadores sin cobrar desde diciembre
El conflicto salarial es uno de los principales puntos de preocupación.
Los empleados de las plantas de Clason, Lehmann y Suardi denuncian que no perciben sus salarios desde diciembre de 2025. También reclaman el pago del aguinaldo y aseguran haber perdido la cobertura de obra social y los aportes jubilatorios.
La reducción de la plantilla agravó además la incertidumbre sobre el futuro de los puestos de trabajo.
La situación llevó a los trabajadores a realizar protestas, acampes y cortes frente a las plantas, mientras reclaman una definición sobre el futuro de la empresa y sus fuentes laborales.
“Estamos cada vez peor: hace seis meses que no cobramos, la empresa sigue inactiva y los dueños totalmente ausentes”, expresó en junio un delegado de la planta de Lehmann.
El futuro de las plantas queda en manos de la Justicia
La venta de los establecimientos de Clason y Suardi todavía no está definitivamente concretada y deberá atravesar el proceso judicial correspondiente debido al concurso preventivo.
Mientras tanto, los trabajadores permanecen en estado de alerta y reclaman que cualquier alternativa para sostener la actividad contemple la continuidad de los puestos de trabajo y el pago de los salarios adeudados.
El caso vuelve a poner en primer plano la crisis que atraviesa parte de la industria láctea argentina, con empresas que enfrentan problemas financieros, caída del consumo y dificultades para sostener el nivel de actividad, mientras los trabajadores quedan expuestos a la pérdida de ingresos y fuentes laborales.
