La Justicia bonaerense frenó por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil por falta de recursos
La medida fue dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y busca determinar si la Provincia está en condiciones de aplicar el nuevo esquema sin vulnerar los derechos de los adolescentes.
La Justicia bonaerense suspendió preventivamente por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial, al advertir que la Provincia podría no contar actualmente con la infraestructura, los recursos materiales y el personal necesario para afrontar las nuevas exigencias del sistema.
La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de su libertad.
La decisión judicial se produjo apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil e incorporó al sistema a adolescentes de 14 y 15 años para determinados delitos, reduciendo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
Una reforma que podría aumentar la cantidad de adolescentes alcanzados
Uno de los principales puntos de preocupación señalados por la magistrada es el posible incremento de la población adolescente que ingrese al sistema penal como consecuencia de la modificación legislativa.
La ampliación del universo de jóvenes alcanzados por el régimen también podría extender los períodos de permanencia de algunos adolescentes privados de su libertad, lo que plantea un desafío adicional para el sistema bonaerense.
En ese contexto, la jueza puso bajo análisis si la Provincia dispone de establecimientos adecuados, recursos institucionales y profesionales suficientes para responder a ese eventual crecimiento.
La advertencia sobre la falta de infraestructura
La resolución señala que el sistema penal juvenil bonaerense no tendría actualmente la capacidad necesaria para absorber una mayor cantidad de adolescentes sin poner en riesgo las condiciones de alojamiento y el cumplimiento de las garantías previstas para quienes atraviesan procesos penales.
La discusión, de este modo, no se limita al contenido de la nueva legislación, sino también a la capacidad real del Estado provincial para implementarla.
La Justicia deberá evaluar durante los próximos 60 días si existen las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para aplicar el nuevo régimen.
Una suspensión preventiva para evitar vulneraciones
Otro de los argumentos centrales del fallo es el denominado principio precautorio. Según la magistrada, la intervención judicial puede producirse antes de que se concrete una vulneración de derechos cuando existen elementos suficientes para advertir un riesgo.
Por ese motivo, la suspensión no significa que la Ley 27.801 haya sido anulada ni que el nuevo Régimen Penal Juvenil quede sin efecto de manera definitiva. Se trata de una medida preventiva que abre un período de evaluación sobre la capacidad del sistema bonaerense.
La resolución vuelve así a poner en el centro del debate una de las principales discusiones que acompañaron la reforma: la reducción de la edad de imputabilidad no puede analizarse únicamente desde el endurecimiento de las respuestas penales, sino también desde las condiciones concretas que tiene el Estado para garantizar los derechos de los adolescentes alcanzados por la nueva normativa.
