La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el plan de trabajo para tratar la continuidad de la Emergencia Nacional en Discapacidad. Las organizaciones denuncian que persisten los problemas en las prestaciones, los aranceles atrasados y las demoras en pensiones y compensaciones.
La crisis del sistema de discapacidad volvió a instalarse en el centro de la agenda del Congreso. En una jornada atravesada por una movilización frente al Palacio Legislativo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el cronograma para comenzar a discutir la prórroga de la Ley 27.793, cuya vigencia vence el 31 de diciembre de 2026.
El debate en comisión comenzará el miércoles 16 de septiembre a las 12, con una primera reunión informativa del plenario de comisiones. El segundo encuentro fue convocado para el 23 de septiembre, también a las 12, con el objetivo de avanzar hacia un dictamen.
El avance parlamentario se produce mientras organizaciones del sector, familias, personas con discapacidad, trabajadores e instituciones advierten que la emergencia no terminó y que el sistema continúa atravesando una situación crítica.
Entre los reclamos aparecen los aranceles que no alcanzarían para cubrir los costos de las prestaciones, la falta del estudio de costos establecido por la ley, las pensiones por discapacidad pendientes y el incumplimiento en el pago de compensaciones de emergencia.
Reclamos contra el ajuste
La jornada frente al Congreso reunió a distintos sectores que vienen denunciando el impacto de las políticas de ajuste sobre las personas con discapacidad y sus familias.
Del acto participaron referentes de organizaciones, familiares, trabajadores y dirigentes políticos. También estuvieron presentes Julieta Díaz, Lola Berthet y María Martínez, junto con los legisladores Chipi Castillo, Nicolás del Caño, Vanina Biasi y Esteban Paulón.
La movilización contó además con la presencia del senador Wado de Pedro, la diputada Myriam Bregman, familias del Hospital Garrahan y jubilados y jubiladas que acompañaron el reclamo.
Durante el acto, las familias del Garrahan apuntaron contra las políticas oficiales y afirmaron: “La gran barrera que tenemos hoy las personas con discapacidad y sus familias es un gobierno que solo quiere quitar derechos”.
Julieta Díaz, en tanto, reclamó que se garantice el cumplimiento de la legislación vigente: “No queremos otra ley, queremos las que ya tenemos y conseguimos para garantizar las prestaciones para personas con discapacidad”.
“La emergencia está peor”
El cierre estuvo a cargo de Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien cuestionó la situación actual y pidió sostener la movilización.
“Seguimos luchando, aprendimos a estar presentes y no esperamos ningún regalo del cielo. La ley se tiene que cumplir, hay que seguir mostrando que la emergencia está peor”, sostuvo.
Desde el Foro reclaman que la emergencia sea prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027, al considerar que las condiciones que llevaron a su declaración continúan vigentes.
El próximo 16 de septiembre comenzará formalmente el debate en comisiones. Mientras tanto, las organizaciones anticiparon que continuarán reclamando para evitar que el vencimiento de la emergencia deje sin respuesta a un sistema que, según denuncian, todavía se encuentra en crisis.
