A cuatro meses de la entrada en vigencia de la nueva normativa, un monitor privado advierte que no se cumplieron las promesas de mayor contratación formal. También aumentó la informalidad, cerraron más de 6.900 empresas y los salarios privados perdieron poder adquisitivo.
A cuatro meses de la puesta en marcha de la llamada Reforma Laboral, los primeros indicadores muestran un escenario muy diferente al prometido por el Gobierno de Javier Milei: se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas, según el primer Monitor de la Reforma Laboral elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG).
La denominada Ley de Modernización Laboral comenzó a regir en marzo con la promesa oficial de dinamizar la contratación registrada, facilitar la creación de empresas y ampliar las oportunidades laborales. Sin embargo, el relevamiento sostiene que esos objetivos todavía no se reflejan en los datos.
El deterioro del empleo privado, además, viene de antes. El informe contabiliza 13 meses consecutivos de caída del empleo privado registrado y estima que desde noviembre de 2023 se destruyeron 241.200 puestos de trabajo.
La pérdida alcanzó a prácticamente todos los sectores, incluso actividades consideradas estratégicas y dinámicas, como minería, petróleo e intermediación financiera.
Más informalidad y menos empleo registrado
Mientras el empleo formal continúa en retroceso, la informalidad avanzó hasta alcanzar al 45% de los ocupados, de acuerdo con el informe.
La desocupación llegó al 7,9% y la subocupación al 11,5%. En paralelo, más de 6 millones de personas trabajan en la informalidad, un sector que incorporó 348.000 puestos durante el último año, principalmente bajo modalidades de cuentapropismo.
Para el IAG, uno de los principales problemas está en la escasa incorporación de nuevos trabajadores al mercado formal. La tasa de entrada se ubicó en apenas 1,6% del total de ocupados, uno de los niveles más bajos de la serie.
El dato pone en cuestión uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para impulsar la reforma: que una mayor flexibilización de las condiciones de contratación se traduciría en más empleo registrado.
Casi 7.000 empresas menos
El retroceso también se refleja en el sector empresario. Desde el inicio de la actual gestión, el monitor contabiliza 31.342 empresas cerradas en todo el país.
Solo en el último mes relevado desaparecieron otras 709 firmas.
Las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas. Las compañías de entre uno y diez trabajadores registraron una reducción del 6,8%, mientras que el 47% de los cierres correspondió a empresas de hasta 100 empleados.
Por actividad, las mayores pérdidas se concentraron en Comercio, con 8.758 empresas menos; Transporte y almacenamiento, con 6.915; e Industria, con 4.158.
El impacto se extendió a 23 de las 24 jurisdicciones del país. Neuquén fue la única provincia que registró un saldo positivo, aunque de apenas 72 empresas.
Flexibilización sin recuperación salarial
El balance tampoco es favorable para los ingresos de los trabajadores. Según el monitor, el salario privado registrado acumula una pérdida real del 3,7% frente al promedio de enero-noviembre de 2023.
El deterioro sería todavía mayor al considerar una actualización alternativa del índice de precios: el IAG calcula una caída del 8%.
En el sector público nacional, el retroceso salarial alcanza el 37,8% durante el mismo período.
Así, a cuatro meses de la implementación de la reforma, el escenario combina menos empleo registrado, más informalidad, cierre de empresas y pérdida del poder adquisitivo.
