El juez Martín Cormick dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución alcanza a las partidas para las universidades y a la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La Justicia Federal volvió a poner un límite al Gobierno de Javier Milei al declarar inconstitucional el decreto utilizado para frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenar al Poder Ejecutivo que cumpla con la normativa aprobada por el Congreso.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el marco de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y ordenó al Ejecutivo avanzar con el “cumplimiento inmediato” de la ley, incluyendo las normas reglamentarias y las medidas necesarias para su ejecución.
La normativa establece, entre otros puntos, partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes.
Críticas al mecanismo utilizado por el Gobierno
El Gobierno había intentado impedir la aplicación de la ley primero mediante un veto. Sin embargo, el Congreso rechazó esa decisión y ratificó la normativa con las mayorías requeridas.
Luego, el Ejecutivo dictó un decreto que condicionaba la aplicación del financiamiento a la determinación de nuevas fuentes de recursos y a la incorporación de las partidas correspondientes en el Presupuesto.
Para Cormick, ese mecanismo no supera un estándar mínimo de razonabilidad, ya que permitió suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso.
El juez fue más allá y sostuvo que el decreto terminó funcionando como un “mecanismo extraconstitucional”, al configurar en los hechos una instancia de veto que no está contemplada por la Constitución Nacional.
La resolución también rechazó el argumento de que el control judicial sobre una norma con impacto presupuestario implique una intromisión sobre las decisiones del Ejecutivo o del Congreso. Según el magistrado, ese control forma parte de las atribuciones propias de la Justicia.
El costo fiscal también quedó bajo discusión
Otro de los argumentos analizados fue el supuesto impacto presupuestario de la ley.
Cormick recordó que durante 2024 y 2025 no hubo una nueva Ley de Presupuesto y que se prorrogaron las partidas correspondientes al ejercicio 2023. Además, citó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según el cual el impacto estimado de la ley durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
