El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, cruzó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de que la funcionaria minimizara la Marcha Federal Universitaria y atribuyera los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso a “los mismos violentos de siempre”.
“Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. En Argentina nadie está por encima de la ley”, había publicado Monteoliva en su cuenta de X tras la movilización, que terminó con gases, incidentes y detenidos.
La respuesta de Yacobitti fue contundente: “Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Por eso tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario”.
Represión contra una marcha democrática
La quinta Marcha Federal Universitaria se realizó este jueves en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento, la recuperación salarial de docentes y no docentes, y el restablecimiento de un sistema de becas que garantice el acceso y la permanencia de los estudiantes.
Según Yacobitti, el acto se desarrolló de manera completa y con la participación de todos los oradores. Sin embargo, al finalizar, una minoría protagonizó hechos de violencia que, según denunció, la Policía no identificó ni contuvo de manera adecuada.
“Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario, donde había estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes”, relató el vicerrector. Y remarcó: “Soy el primero en repudiar cualquier tipo de hecho de violencia. La policía fue ineficiente porque lo primero que tiene que hacer es identificar a los violentos para que todos puedan expresarse con tranquilidad”.
El Gobierno no puede eludir su responsabilidad
El cruce deja en evidencia una contradicción central: mientras el oficialismo utiliza el discurso del “orden” y de la legalidad para justificar la acción policial, el propio Poder Ejecutivo continúa demorando y apelando la aplicación de fondos universitarios aprobados por el Congreso.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Poder Legislativo y, por lo tanto, es una obligación jurídica del Ejecutivo. Su incumplimiento —o su postergación mediante recursos judiciales— no puede convivir con un discurso que exige a la ciudadanía respeto absoluto por la ley.
La universidad pública no es una amenaza al orden: es una conquista democrática, un derecho social y una herramienta de movilidad e igualdad. Reclamar su financiamiento no es “desafiar a las fuerzas de seguridad”; es exigir que el Estado cumpla con la Constitución, con las leyes sancionadas por el Congreso y con el futuro de miles de estudiantes, docentes e investigadores.
Porque, como sintetizó Yacobitti, si nadie está por encima de la ley, tampoco lo está el presidente. Y cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario no es una concesión: es una obligación.
