La Cámara de Diputados volverá a sesionar este miércoles 21 de octubre para tratar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ante esa sesión, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a movilizarse frente al Congreso de la Nación a las 11 horas.
Las organizaciones expresaron su rechazo al proyecto oficialista que obtuvo dictamen de mayoría, al considerar que no representa una mejora respecto de la Ley 27.793 y que contiene disposiciones que podrían implicar retrocesos en derechos, prestaciones y condiciones de sostenibilidad del sistema.
“El piso de cualquier modificación debe ser el respeto de los derechos garantizados por la Ley 27.793”, afirmaron desde el Foro.
Los puntos que exigen revisar
Entre los principales reclamos, las organizaciones solicitaron:
Mantener el interés público de los servicios de los prestadores del sistema de la Ley 24.901, garantía que consideran ausente en el dictamen.
Ratificar los requisitos legales para acceder a las pensiones, manteniendo la vigencia del artículo 9° de la Ley 13.478.
Garantizar un presupuesto suficiente y actualizable, que cubra la actualización arancelaria, las compensaciones pendientes y la cobertura de salud, con actualización trimestral según el IPC.
Asegurar la continuidad de todas las prestaciones de la Ley 24.901, evitando que queden sujetas a un programa que pueda ser modificado por resolución ministerial.
Garantizar que el cobro de compensaciones no implique renunciar a reclamos por diferencias adeudadas.
Reconocer la actualización arancelaria pendiente desde el 1 de enero de 2025, incluyendo el atraso del 30,67% reconocido por el propio Gobierno nacional.
Evitar derogaciones que afecten derechos vigentes, especialmente por la cláusula que deroga “toda norma que se oponga” al proyecto y su entrada en vigencia inmediata.
“La emergencia continúa”
Desde el Foro remarcaron que la emergencia en discapacidad sigue vigente y que la prórroga debe aprobarse con pleno respeto de los derechos conquistados, previsibilidad para los prestadores y garantías efectivas para las personas con discapacidad y sus familias.
La convocatoria busca presionar para que el tratamiento parlamentario no avance sobre derechos, prestaciones ni garantías reconocidas por la normativa vigente.
