El edil Hugo Equiza planteó la posibilidad de subir los impuestos locales para acompañar a los Bomberos Voluntarios, afectados por la falta de transferencia de fondos nacionales. La propuesta se discutió en el Concejo Deliberante de Ituzaingó, que expresó su preocupación por el incumplimiento de la Ley 25.054. La paradoja: un dirigente del espacio que llegó al Gobierno con la promesa de eliminar impuestos ahora abre la puerta a aumentarlos.
En una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Ituzaingó, presidido por Juan Manuel Álvarez Luna, se puso en debate la situación de los Bomberos Voluntarios y la falta de transferencia de los recursos previstos por la Ley Nacional 25.054. En ese contexto, el concejal de La Libertad Avanza Hugo Equiza propuso evaluar un aumento de los impuestos municipales si fuera necesario para acompañar a los cuarteles.
La intervención y la contradicción
Mientras el presidente Javier Milei llegó al Gobierno con la promesa de eliminar impuestos, uno de los representantes de la legislatura de Ituzaingó planteó la posibilidad de incrementarlos para afrontar las consecuencias de la falta de recursos nacionales destinados a un servicio esencial para la comunidad.
El debate se dio durante el tratamiento de un proyecto de declaración mediante el cual el cuerpo legislativo manifestó su preocupación por el incumplimiento de la normativa que establece el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. La iniciativa busca visibilizar las dificultades que atraviesan los cuarteles y reclamar que los fondos previstos por ley lleguen a sus destinatarios.
La Ley 25.054: fondos para equipamiento, capacitación y funcionamiento
Sancionada en 1998 y modificada en 2014, la Ley Nacional 25.054 regula la organización del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y establece un mecanismo de financiamiento específico para sostener su funcionamiento.
La norma contempla una contribución obligatoria del cinco por mil sobre las primas de seguros, con excepción de los seguros de vida, cuyos recursos deben destinarse al sistema bomberil. Esos fondos están orientados, entre otros objetivos, a la compra y renovación de equipamiento, la capacitación del personal y el fortalecimiento de las asociaciones que prestan asistencia gratuita ante incendios, siniestros y catástrofes.
El reclamo por la distribución de esos recursos fue planteado a nivel nacional por las autoridades del sector. En septiembre de 2026, el presidente del Consejo Nacional de Bomberos, Carlos Milanesi, reclamó la transferencia de aproximadamente $59.000 millones que, según denunció, permanecían pendientes de distribución. También señaló que durante 2025 se habían recaudado fondos sin que fueran transferidos al sistema en la forma esperada.
La demora en la disponibilidad de esos recursos repercute sobre la capacidad de los cuarteles para adquirir y mantener equipos, sostener sus operaciones y garantizar las condiciones necesarias para responder ante emergencias. Se trata de un servicio que depende del trabajo voluntario y que cumple una función central en la protección de la población.
Cabe marcar que el reclamo del sector no apunta a crear una nueva fuente de financiamiento a costa de los vecinos, sino a que se cumpla con los recursos establecidos por ley para garantizar el funcionamiento de un servicio que interviene, de manera gratuita, cuando la comunidad más lo necesita.
El ajuste nacional y la responsabilidad de los municipios
El proyecto tratado en Ituzaingó propone que el Concejo Deliberante declare su «más profunda preocupación» por el incumplimiento de la Ley 25.054 y su modificatoria, y que la declaración sea remitida al Cuartel Central de Bomberos Voluntarios.
En ese escenario, la propuesta de Equiza de recurrir a un posible aumento de las tasas municipales para acompañar a los bomberos puso en discusión el impacto del ajuste nacional sobre los gobiernos locales y las instituciones que brindan servicios esenciales.
