El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la realización de una audiencia para definir un nuevo aumento en las tarifas de los taxis, que alcanzaría el 50% y se aplicaría en dos tramos, durante enero y marzo del 2024.
La convocatoria de la audiencia pública fue fijada para el próximo 15 de enero tras un acuerdo previo con la Unión Propietarios de Autos de Taxis (UPAT), la Asociación Taxistas de Capital (ATC), la Cámara Empresarial del Autotaxi (CAMETAX), la Unión de Propietarios y Mandatarios de Taxis de la República Argentina (UPYMRA), el Sindicato de Conductores de Taxis de Capital Federal (SCT) y el Sindicato de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT).
La última actualización de la tarifa se produjo en noviembre, cuando se autorizó una suba del 25%, como parte del incremento total del 50% dispuesto para octubre y el penúltimo mes del año. El mismo aumento se había aplicado en dos tramos durante marzo y mayo. De esta forma, los taxis tuvieron un alza del 100% en el 2023, por debajo de la inflación acumulada del año, que hasta octubre alcanza el 120%, según los datos del INDEC.
Con el nuevo ajuste previsto para enero y marzo, el valor de la ficha actual, que es de $54,80, pasará a $65,70 en el primer mes del año, y a $85,40 en el tercero. Mientras que la bajada de bandera (equivalente a diez fichas), costará $657 y $854, respectivamente.
Durante el próximo año, los taxis porteños continuarán con un precio distinto para el servicio diurno y el nocturno. Entre las 22:00 y las 06:00 horas se aplica un incremento del 20% en el valor del viaje.
Valor de la ficha en horario diurno: $65,70;
Bajada de bandera (servicio de día): $657;
Valor de la ficha en horario nocturno: $78,84;
Bajada de bandera: $788,40.
La actualización tarifaria quedará pendiente al tratamiento de la audiencia pública, aunque no es vinculante para poder aplicarla. De acuerdo a la ley número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, las audiencias públicas representan “una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella”. No obstante, “las opiniones recogidas son de carácter consultivo y no vinculante”
