El pasado 2 agosto Javier Milei presentó su plan de gobierno. Hasta aquel día era precandidato y su intención de voto rondaba el 20%. Su sorpresiva victoria en las PASO obligó a rever cada una de las propuestas que el libertario puso sobre la mesa en la previa.
El documento que hizo circular Milei contempla una serie de medidas que comenzaría por la reforma integral del Estado. Según indica el texto, “el Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos”.
“No solo por su tamaño elefantiásico que lo torna impagable, sino también por la maraña de regulaciones que se desprenden de cada una de las oficinas estatales que entorpecen el funcionamiento de la economía”, agrega el manifiesto.
En esa línea, resalta que su función no es la de “entrometerse en cada aspecto de la vida de los individuos” y subraya: “(Su) función es proteger los derechos fundamentales de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos”.
Tras la introducción, Milei y su equipo afirman que la primera acción de gobierno constará en la reforma “completa del Estado” para volver a modelo previo “a la llegada del kirchnerismo” y, para eso, eliminará todos los ministerios actuales menos las carteras de: Economía; Justicia; Interior; Seguridad; Defensa; Relaciones Exteriores; Infraestructura.
Además, añadirá a esa nómina el Ministerio de Capital Humano. Por lo tanto, en un eventual gobierno de Javier Milei la composición del organigrama estatal quedaría compuesto por 8 ministerios contra los 22 que componen el Estado nacional en la actualidad.
También eliminarían todas las jefaturas de Gabinete de todos los ministerios, secretarias y direcciones que, en su criterio, “se crearon simplemente para colocar amigos”. A su vez, haría lo mismo con los equipos de análisis de políticas públicas para centralizarlos en la Jefatura de Gabinete.
Uno de los puntos llamativos del “Plan Motosierra” del economista pasa la incógnita de qué hará los empleados públicos de las diversas áreas que quedarían desarticuladas. Al respecto, el documento advierte: “No vamos a echar a ningún empleado de carrera del Estado. Serán reasignados a áreas en donde sí sean necesarios”.
“Lo que si vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan realizado durante el año 2023”, subraya la propuesta del líder de La Libertad Avanza, que viene de obtener, nada más y nada menos, que el 30% de los votos.
El escrito indica que eliminarán “todo tipo de privilegios” vinculados a la “seguridad, choferes y demás para todo el personal del Estado con excepción de las personas que lo requieran por cuestiones de seguridad”.
Para finalizar, la última reforma sostiene el avance sobre el “cierre o privatización” de empresas publicas como Télam, TV Pública, Radio Nacional, INCAA e INADI con el argumento de que son utilizadas “como refugio de ñoquis de la política”.
