“Lo que esperamos con respecto al juicio es que se pueda encontrar a los culpables y que paguen por la muerte de Sandra y Rubén”, dijo uno de los hermanos del auxiliar fallecido, a cinco años de la explosión que dejó dos muertos. Entre los responables políticos que no son juzgados se encuentran la exgobernadora María Eugenia Vidal.y varios funcionarios de su gestión.
El juicio por la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de una escuela primaria de Moreno que fallecieron en 2018 como consecuencia de una explosión de gas dentro del edificio, que ocurrió 25 minutos antes del ingreso de los alumnos, comenzó este lunes en los tribunales bonaerenses de Mercedes con tres acusados y los familiares de los fallecidos expresaron que “esperamos encontrar a los culpables y que paguen por sus muertes, que es lo que venimos esperando desde hace cinco años”.
“Lo que esperamos con respecto al juicio es que se pueda encontrar a los culpables y que paguen por la muerte de Sandra y Rubén, que es lo que venimos esperando hace cinco años”, dijo a Télam Diego Rodríguez, uno de los hermanos del auxiliar fallecido, quien agregó que los familiares vienen “buscando justicia, aunque sabemos que los imputados que están ahora no son todos, creemos que faltan los responsables políticos”, agregó Rodríguez.
Familiares de las víctimas lamentaron que hayan quedado afuera del expediente los “responsables políticos” de la tragedia, grupo en el que incluyen al exdirector provincial de consejos escolares, Marcelo Di Mario; el exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny; la exgobernadora María Eugenia Vidal y el exministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro.
“Sabemos que un fallo que condene a los culpables es importante no solamente para nosotros, como familiares, sino para toda la población, siendo que estos funcionarios nefastos se manejaron de esta manera e hicieron oídos sordos a los siete reclamos (por olor a gas) que habían hecho en la escuela”, agregó Rodríguez.
“Más allá de quienes están imputados, vamos a ir por los funcionarios porque ellos fueron los que abandonaron a esta escuela a pesar de los “Carpetazos Educativos” previos realizados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, donde se reclamaba por los problemas de infraestructura y se denunciaban los incumplimientos del Estado”, dijo a Télam Rosa Merlo, abogada de las familias de Sandra y Rubén.
El 2 de agosto de 2018 a las 8.06 una pérdida de gas en la Escuela Primaria N°49 “Nicolás Avellaneda” de Moreno produjo una explosión que le costó la vida a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez en momentos en que estaban preparando el desayuno para los alumnos que tenían que ingresar 25 minutos después.
“La tragedia de Moreno, para nosotros, fue la corroboración brutal de que el ajuste, la desidia y el abandono, matan”, sostuvo a Télam Mariana Cattaneo, secretaria de formación político sindical de Suteba, que en 2018 era secretaria general de ese gremio en Moreno.
Por su parte, Patricia Lescano, secretaria de Educación de Suteba Moreno, expresó que la de este lunes es “una jornada que nos genera mucha angustia, pero también nos da la tranquilidad de haber llegado a lo que queríamos, que es el juicio. Estamos esperando justicia”.
“Sandra y Rubén son banderas de lucha y no es sólo una forma de decir, son banderas de lucha porque nos enseñaron un camino que no nos vamos a correr de ahí y no vamos a permitir nunca más que pasen estas cosas”, añadió Lescano, quien junto a decenas de docentes y personal de la comunidad educativa en acompañaron fuera de los tribunales el inicio del juicio con carteles de pedido de justicia.
Primera jornada del juicio
El Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes está compuesto por los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel.
En el banquillo de los acusados se encontraban el gasista Cristian Ricobene, imputado de “homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública”, el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian por “incumplimiento de los deberes del funcionario público”, todos ellos se mantienen en libertad.
Durante los lineamientos preliminares, la fiscalía acusó a Ricobene por tener, al momento del hecho, su matrícula de gasista vencida desde 2015. Pablo Roa, el abogado defensor de Ricobene, aseveró que “es inocente, no tiene responsabilidad en el evento”.
Y sobre la acusación de que disponía de su matrícula vencida aclaró, en diálogo con Télam, que “Ricobene es gasista, el pago de la matrícula no lo inhabilita para el ejercicio profesional”.
“Lo que no está claro hasta este momento es cuáles eran las funciones de gasista que Ricobene realmente tenía (encargadas). Es decir, no tenía que hacer la instalación nueva de la escuela, solamente tenía una función de reparación de los elementos exteriores de las cañerías”, argumentó Roa.
En ese contexto, el letrado consideró que en el caso de su defendido “se ha hecho un reduccionismo. Buscan un chivo expiatorio para una situación generalizada en la que el estado de los establecimientos educativos públicos ha quedado en el olvido”.
En la jornada de este lunes declararon los primeros 15 testigos de una lista de 129 que serán convocados en audiencias (lunes, miércoles y viernes) que se estima que se extenderán hasta el 22 de septiembre.
El dolor de familiares
“Recuerdo que ese día me desperté y él me preguntó qué iba a desayunar. Recuerdo haberle dicho ‘papá no vayas a trabajar’ pero él me dijo que no podía faltar porque tenía que ir a prepararle el desayuno a los chicos, así como yo debía ir a mi escuela”, contó Maia Rodríguez, la hija de 17 años de Rubén el pasado 2 de agosto con motivo del quinto aniversario de la “tragedia de Moreno”.
“Hace 5 años que perdí a mi papá Rubén Orlando Rodríguez, hace 5 años que una parte de mí se siente vacía, hace 5 años que seguimos pidiendo justicia por Sandra y Rubén”
Maia Rodríguez
Poco tiempo después le tocaría afrontar una de las noticias más duras porque “había perdido para siempre a una de las personas más importantes” de su vida en un hecho que las familias consideran otro caso de “asesinato laboral”.
“Hace 5 años que perdí a mi papá Rubén Orlando Rodríguez, hace 5 años que una parte de mí se siente vacía, hace 5 años que seguimos pidiendo justicia por Sandra y Rubén”, concluyó Maia.
