Se trata del tercer tramo de la causa que se sigue contra exintegrantes del Batallón de Inteligencia 601 y de la Policía Bonaerense por delitos de lesa humanidad contra 185 víctimas.
El Tribunal Oral Federal (TOF) número 6 de la ciudad de Buenos Aires dará inicio el 16 de febrero a la etapa de alegatos en el tercer tramo de la causa que se sigue contra exintegrantes del Batallón de Inteligencia 601 y de la Policía Bonaerense por delitos de lesa humanidad perpetrados contra 185 víctimas en el centro clandestino de detención conocido como ‘Puente 12’.
Se espera además una resolución de los magistrados sobre un pedido de derecho a la verdad por el fallecimiento de uno de los acusados durante el proceso.
El viernes 16 de febrero, desde las 9.30, el tribunal integrado por Daniel Obligado, Ignacio Fornari, Sabrina Namer y la jueza sustituta Adriana Palliotti escuchará el alegato del Ministerio Público Fiscal representado en esta causa por María Ángeles Ramos, Esteban Bendersky y Viviana Sánchez.
Según lo solicitado en la última audiencia previa a la feria judicial por parte de las querellas y la fiscalía, esta etapa se desarrollará de manera presencial en una sala a determinar de los tribunales federales de Comodoro Py, a diferencia de la modalidad virtual que preponderó durante las testimoniales.
El tercer juicio
Es el tercer juicio oral y público que se sigue por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese centro clandestino dependiente de la Policía de la provincia de Buenos Aires y que funcionó en la División Cuatrerismo del partido de La Matanza.
Este lugar estaba localizado en el cruce de Autopista Riccheri y el Camino de Cintura, conocido por su ubicación geográfica como “Puente 12”.
En este tramo se abordan privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos, tormentos seguidos de muerte, homicidios agravados y abusos deshonestos en perjuicio de 185 víctimas.
Los imputados son el exteniente primero del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Enrique Del Pino; el excapitán de infantería Walter Roque Minod; y de la Policía Bonaerense el exoficial Néstor Alberto Ciaramella y los excabos Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno.
Derecho a la verdad
El sexto acusado, el expolicía Enrique Gauna -quien debía responder por primera vez ante la justicia por delitos de lesa humanidad- falleció durante el proceso judicial en noviembre pasado, suceso informado al tribunal y a las partes por su abogada defensora Flavia del Vigo.
A raíz de ello, tanto las querellas como la fiscalía solicitaron derecho a la verdad al tribunal, el cual se comprometió a dar una respuesta sobre este requerimiento en la primera quincena de febrero, previo al inicio de los alegatos.
El derecho la verdad implica que la sociedad tiene la potestad a ser informada de todo lo sucedido con relación a las graves violaciones a los derechos humanos, según la jurisprudencia en materia de procesos de lesa humanidad.
“Ante el fallecimiento de un acusado sobre el final de un juicio, en general las fiscalías y querellas plantean que se permita exponer el caso y que en la sentencia haya una mención concreta sobre los delitos que se le imputaron y su responsabilidad en los mismos”, explicó al respecto el abogado querellante, Pablo Llonto.
El letrado también resaltó en diálogo con Télam la necesidad de que las partes finales de los juicios se aceleren “para poder dar respuestas más contundentes a familiares y sobrevivientes” y para que “no se vean afectados los derechos de las víctimas”.
Otro cambio de dinámica que se efectuará a partir del inicio de la instancia de alegatos es que esos alegatos podrán ser transmitidos.
Sin trasmisión en vivo
A diferencia de otros juicios que son transmitidos en vivo –tanto por el canal oficial del Poder Judicial como por el canal del medio comunitario La Retaguardia–, el Tribunal aceptó el pedido de las defensas en esta causa para que no sean televisada la etapa de testimoniales.
“Nos cayó como un baldazo de agua fría que el Tribunal no permita la transmisión de la parte de testimonios. Tiene que ver con una interpretación de los tribunales que venían con una tendencia hace unos años de ir sumándose y expedir la autorización para que puedan transmitirse los juicios de lesa humanidad”, expresó al respecto Llonto.
En cuanto a la expectativa de cara al veredicto que dará a conocerse una vez que las respectivas partes finalicen sus alegatos, Llonto sostuvo que se espera una “sentencia condenatoria y que el tribunal haga lugar al pedido de derecho a la verdad y a la cantidad de casos que faltan aún tratar, exhortando a la instrucción para que haya un nuevo juicio de Puente 12 a la brevedad”.
El abogado, con amplia trayectoria en juicios por delitos de lesa humanidad, aseguró que al igual que sucede con la causa de Puente 12, otros procesos judiciales como los referidos a los crímenes cometidos en Campo de Mayo o en el centro clandestino “Vesubio”, se acumulan casos con una “cantidad enorme de información” en instrucción y la demora en llegar a la etapa oral o la división en tramos dilatan el acceso a la verdad y justicia para quienes ya han esperado muchos años por una sentencia.
“Se puede resolver si hay decisión judicial de parte de los tribunales y de los juzgados de instrucción. Para ello es necesario que la Justicia tenga la cantidad más aproximada al total de víctimas y una mirada lo más abarcativa posible de los responsables”, ponderó Llonto.
Desde el inicio, el pasado 3 de abril, de este tercer juicio de Puente 12, se desarrollaron 24 audiencias en las que se oyeron las declaraciones de testigos y sobrevivientes que dieron cuenta de todo tipo de torturas a las que fueron sometidos en cautiverio durante el período que va de 1974 hasta 1977.
