El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, se mostró en desacuerdo con la disposición del Gobierno nacional para permitir la apertura de importaciones para productos de la canasta básica. Ante las fuertes caídas en la producción y ventas, solicitó acciones concretas para ayudar al sector.
“Hay que desarrollar nuevos instrumentos de política industrial, junto con acciones para amortiguar el impacto en las pymes y en las economías regionales ante un escenario recesivo”, señaló el también presidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), a lo que agregó que podrían ser: “líneas de financiamiento, medidas tributarias, laborales, entre otras”.
Por otra parte, Funes de Rioja describió que “mientras los productores nacionales deben pagar en 4 cuotas mensuales y con impuesto PAIS los insumos necesarios para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días”.
A pesar de que la UIA viene acompañando varias propuestas de la actual gestión, como la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023, esta última disposición encontró duras críticas ya que podría “perjudicar la competitividad de los productores locales y representa un trato desigual para la industria”.
En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosatto, aseguró que esta política de libre importación “provocará la quiebra de miles de Pymes industriales y una destrucción masiva de puestos de trabajo, lo que generará una espiral de la crisis económica y social de los argentinos”.
“No se tuvieron en cuenta la suba de los costos de la producción que generó la liberación de precios luego de la devaluación de diciembre, ni la rentabilidad inédita de las grandes cadenas de supermercados, que casi duplicaron los precios que se envían desde las fábricas”, agregó.
“Echarles la culpa a los fabricantes locales de productos de la canasta básica por la suba de la inflación es una decisión tan desmesurada como errónea”, criticó Rosatto, quien remarcó que la caída del consumo generó “un estado de alerta”. Además, concluyó que la inflación de costos “le restringió al máximo la rentabilidad de las pymes”.
